20121230
El Gobierno luso pide a los portugueses que no se pongan enfermos
Dentro de poco los enfermos seran los culpables de estar enfermos..
El Gobierno luso pide a los portugueses que no se pongan enfermos | Mundo | elmundo.es
El Ministerio de Sanidad portugués pide a los portugueses que hagan lo posible por evitar ponerse enfermos para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El secretario de Salud luso, Fernando Leal da Costa, ha hecho este fin de semana unas polémicas declaraciones en las que pide a los ciudadanos que contribuyan de alguna manera para no tener que necesitar recurrir a los cuidados sanitarios.
"Si cada uno de nosotros no hacemos algo para reducir el potencial de ponernos enfermos, por más impuestos que podamos cobrar, el Sistema Nacional de Salud será antes o después insostenible". Por ello, para garantizar la sostenibilidad del sistema público tal y como está ahora en Portugal, el secretario luso recomienda a los portugueses que adopten una "actitud de prevención".
El pasado 1 de enero el copago volvió a aumentar en Portugal, duplicando en algunos casos las tasas de acceso a la sanidad pública. En concreto, las urgencias en los hospitales cuestan alrededor de 20 euros, mientras que una consulta con el médico de familia en el centro de salud se paga a 5 euros. Pero si estas tasas no son suficientes como efecto disuasorio, para evitar un uso injustificado del sistema de salud por parte de los portugueses, el secretario de Estado de Salud pide ahora a los ciudadanos una mayor responsabilidad en la prevención.
Privatización: pretenden juntar a pacientes con aislamiento infeccioso en el Severo Ochoa
Privatización: pretenden juntar a pacientes con aislamiento infeccioso en el Severo Ochoa
Se trata de un Plan de Ajuste solicitado por la consejería de Sanidad a todos los hospitales madrileños, que en el caso de Leganés supondrá 4,5 millones de euros de ahorro en el capítulo de personal.
Un total de entre 70 y 219 trabajadores no volverán al Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), debido a los recortes y el plan de ahorro aprobado por el PP en el marco de privatizaciones de la Sanidad Pública.
Entre estos 70 trabajadores hay 13 médicos, 20 enfermeros, 20 auxiliares de enfermería, 3 fisioterapeutas y 2 matronas, ha indicado la misma fuente, mientras que de la parte de personal no sanitario se impondrá una reducción del 50% de sueldo y jornada a 13 celadores.
"Es un desmantelamiento absoluto", ha asegurado el representante de UGT, quien además ha señalado que en el Severo Ochoa se prevé cerrar camas de la UCI y de la unidad de neonatos, así como juntar a pacientes con aislamiento infeccioso en la misma zona.
Más de 200 trabajadores del Severo Ochoa podrían irse a la calle en enero, denuncia UGT - 20minutos.es
UGT denuncia que el 31 de diciembre ... | SER Madrid Sur
http://www.ccoomadrid.es/comunes/rec...re_de_2012.pdf
Se trata de un Plan de Ajuste solicitado por la consejería de Sanidad a todos los hospitales madrileños, que en el caso de Leganés supondrá 4,5 millones de euros de ahorro en el capítulo de personal.
Un total de entre 70 y 219 trabajadores no volverán al Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), debido a los recortes y el plan de ahorro aprobado por el PP en el marco de privatizaciones de la Sanidad Pública.
Entre estos 70 trabajadores hay 13 médicos, 20 enfermeros, 20 auxiliares de enfermería, 3 fisioterapeutas y 2 matronas, ha indicado la misma fuente, mientras que de la parte de personal no sanitario se impondrá una reducción del 50% de sueldo y jornada a 13 celadores.
"Es un desmantelamiento absoluto", ha asegurado el representante de UGT, quien además ha señalado que en el Severo Ochoa se prevé cerrar camas de la UCI y de la unidad de neonatos, así como juntar a pacientes con aislamiento infeccioso en la misma zona.
Más de 200 trabajadores del Severo Ochoa podrían irse a la calle en enero, denuncia UGT - 20minutos.es
UGT denuncia que el 31 de diciembre ... | SER Madrid Sur
http://www.ccoomadrid.es/comunes/rec...re_de_2012.pdf
La obscena privatización de la sanidad madrileña
La obscena privatización de la sanidad madrileña - ElConfidencial.com
Hay que reconocerle a Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, que así se llama el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un arrojo político indudable. Nunca -desde que a los 16 años ingresó en las juventudes del Partido Popular- ha ocupado puestos relacionados con la sanidad pública o privada, pero ha sido capaz de impulsar la mayor reforma del sistema sanitario desde que en 1978 nació el viejo Insalud.
Lo sorprendente, sin embargo, no es su desconocimiento profesional de una realidad compleja -estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha hecho carrera siempre dentro del PP ejerciendo de fontanero de sus jefes: Esperanza Aguirre y Aznar- sino que en sus intervenciones públicas suele establecer una especie de superioridad moral de lo privado frente a lo público a la hora de gestionar hospitales y centros de salud. Y eso que toda su vida profesional la ha hecho al calor de la cosa pública.
Lo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante. Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficiosLo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera totalmente legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante.
Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria aprobada en Madrid: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficios. Al contrario de lo que sucede en otras esferas de la economía, en el campo de la salud la eficiencia y la productividad no están relacionadas directamente con el hecho de que la gestión sea pública o privada, sino con factores mucho más complejos vinculados a parámetros exógenos.
EEUU, por ejemplo, es el país del mundo que más gasta (salvo Luxemburgo) en sanidad per cápita (7.960 dólares); pero es, al mismo tiempo, el más ineficiente. La sanidad norteamericana precisa más dinero para dar la misma calidad al no haber tejido una red asistencial capaz de aprovechar las economías de escala que se derivan de un modelo sanitario integrado. España, muy al contrario, ocupa el puesto número 19 (año 2009) en cuento a gasto sanitario total per cápita dentro de Europa (3.032 dólares) incluyendo fondos públicos y privados, pero existe una coincidencia general en que el sistema es globalmente muy satisfactorio. Incluso países como Suecia, que ahora se ponen como ejemplo, gastan más que España por cabeza pese a que la gestión de su sistema sanitario es mayoritariamente privada tras las reformas de los primeros años 90.
Los costes estructurales
¿Es mejor el sistema sueco que el español? La respuesta, como en la canción de Dylan, está flotando en el viento. Simplemente porque la realidad socio-económica y demográfica de ambos países es radicalmente distinta, toda vez que el gasto sanitario está influido mayoritariamente por dos variables: el número de enfermos crónicos (que en la mayor parte de los casos sufren distintas enfermedades de manera simultánea) y los avances tecnológicos, tanto en medicamentos como en equipamiento hospitalario. En el primer caso, y según algunos estudios, más del 70% del gasto sanitario se concentra en el 5% de la población con mayor necesidad de atención sanitaria, precisamente los enfermos de carácter crónico.
Sin duda que detrás de esta realidad se encuentran tanto el estilo de vida de cada país como los antecedentes económicos, sociales y culturales de la población atendida, cuyas circunstancias son muy distintas por razones históricas, por lo que no es posible establecer ninguna comparación homogénea. Es por eso que las investigaciones más recientes han encontrado la respuesta acudiendo a la gestión integrada de la atención sanitaria de los pacientes crónicos, incluyendo los servicios sociales y la dependencia.
Estos nuevos sistemas de gestión por supuesto que no tienen nada que ver con que la organización de la atención sanitaria sea pública o privada, sino con una nueva forma de aproximarse al problema. La otra clave, por el contrario, es aumentar la autonomía de gestión hospitalaria y la política de incentivos. Y ambas cosas, que ahorran costes, se pueden hacer hoy por hoy con la ley en la mano. De verdad alguien cree que un Gobierno que se ha subido impuestos, revolucionado a los funcionarios etc… no puede propiciar la autonomía de gestión de los hospitales y articular una política de incentivos.
¿Cuál es el problema? Que eso supone hacer política con mayúsculas, gestionar, aplicar el sentido común y brearse en el terreno de la administración de recursos, siempre escasos. Y eso es lo que no parecen querer en el PP de Madrid, complicarse la vida y actuar. Es mejor que lo hagan otros. Las empresas privadas que se quedarán con la gestión hospitalaria y los centros de salud. La política de incentivos se puede aplicar en ambos modelos, y eso, de hecho, es lo que se pretendía con la creación de fundaciones públicas, que intentó en su día Núñez Feijoo con Romay Beccaría de ministro.
El pago por resultados es una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero públicoLa experiencia privatizadora sueca, como han puesto de relieve numerosos estudios, ha revelado que la economía de la salud no pasa por construir un sistema basado en la competencia, sino en la cooperación, que es, precisamente, lo que pretende el Ministerio de Sanidad -con acierto- cuando habla de crear una gran central de compras integrada en el sistema nacional de salud.
El pago por resultados es, desde luego, una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero público. Y ahí está la inasumible y escandalosa rentabilidad asegurada por la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de siete hospitales en la región: nada menos que un 11,22% anual garantizado por contrato, y sin pagar impuestos hasta pasados 17 años desde el inicio de la concesión. Muchas empresas querrían un chollo similar.
Un documento impagable
Existe, en este sentido, un documento impagable y esclarecedor que pone de relieve la estulticia de algunas políticas. Lo envió el 13 de abril de 2011 el anterior presidente de Seopan, David Taguas, al propio Lasquetty como representante de las empresas concesionarias. En el documento, aparte de quejarse de que el pliego de condiciones no cubre los gastos reales, las empresas concesionarias admiten que no hay forma de medir las intervenciones quirúrgicas. Y lo hacen en estos términos: “Transcurridos tres años desde la apertura de los 7 nuevos hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto mostrar en estadística”.
Todo un reconocimiento de parte que lleva aparejado una reclamación: la administración madrileña ha generado una deuda no reconocida de tres millones de euros al año porque a las concesionarias no les salen las cuentas. Algo parecido sucedió con el hospital de Alzira, que tuvo que renegociar el contrato de concesión con la Comunidad valenciana, como sostiene la sociedad española de salud pública. Con razón, el profesor Guillem Lopez Casanovas se preguntaba hace algún tiempo qué tipo de incentivos tenía un proveedor del servicio sanitario (el gestor privado) para darle información veraz a quien financia (el sector público) habida cuenta de que puede ir contra sus propios intereses en el momento de corregir las tarifas.
No es de extrañar, por lo tanto, que la Cámara de Cuentas de Madrid dijera en un informe que elaboró sobre la sanidad de la región que “una gran parte de los indicadores previstos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios sólo representan la actividad que se prevé llevar a cabo, pero no sirven para medir el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones”. Pues bien, sobre la base de esta deficiente información es la que la Comunidad de Madrid ha procedido a privatizar buena parte de la gestión sanitaria.
Una inutilidad
Y es que ningún método de evaluación de resultados objetivo es capaz de medir realidades distintas, y, por lo tanto, trasladar un modelo u otro a un país es simplemente inútil. Como han puesto de manifiesto los profesores Mas, Cirera y Viñolas, del IESE, un reciente estudio de la OCDE elaboró un ránking de países estimando las muertes que se podrían haber evitado con una atención sanitaria eficiente. Y el resultado fue que el país con una menor mortalidad evitable era Francia, mientras que España ocupaba el puesto número 10 de 31. No está nada mal teniendo en cuenta que está a la cola del gasto sanitario per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante una privatización de seis hospitales y 27 centros de salud que no se hace con criterios de eficiencia en el gasto, sino por razones estrictamente ideológicas, lo cual es todavía más irracional. Lasquetty, en este sentido, es un mero ejecutor al que el presidente Ignacio González despachará en cuanto pueda. Y no es que no existan bolsas de ineficiencia, que sin duda las hay, sino que se pretende tratar de forma homogénea a problemas distinto con soluciones no contrastadas por la realidad.
Sin duda que el brazo largo de la Faes de Aznar está detrás de este movimiento hacia ninguna parte que ha iniciado la sanidad madrileña. Pero lo que choca es que nadie en el Gobierno central (que ha recurrido al Constitucional el euro por receta) haya intentado frenarlo habida cuenta de que supone un paso más en la ruptura de la unidad de mercado en España. No parece razonable que cuando el propio Ejecutivo -con buen criterio- está ultimando una ley para garantizar la unidad de mercado, una comunidad privatice la gestión de buena parte de su red hospitalaria, lo que sin duda supone una distorsión en el conjunto del sistema. Como dijo Ignacio de Loyola, es mejor no hacer mudanza en tiempo de tribulación. Y menos cuando la reforma no aparecía en el programa electoral.
Hay que reconocerle a Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, que así se llama el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un arrojo político indudable. Nunca -desde que a los 16 años ingresó en las juventudes del Partido Popular- ha ocupado puestos relacionados con la sanidad pública o privada, pero ha sido capaz de impulsar la mayor reforma del sistema sanitario desde que en 1978 nació el viejo Insalud.
Lo sorprendente, sin embargo, no es su desconocimiento profesional de una realidad compleja -estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha hecho carrera siempre dentro del PP ejerciendo de fontanero de sus jefes: Esperanza Aguirre y Aznar- sino que en sus intervenciones públicas suele establecer una especie de superioridad moral de lo privado frente a lo público a la hora de gestionar hospitales y centros de salud. Y eso que toda su vida profesional la ha hecho al calor de la cosa pública.
Lo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante. Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficiosLo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera totalmente legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante.
Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria aprobada en Madrid: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficios. Al contrario de lo que sucede en otras esferas de la economía, en el campo de la salud la eficiencia y la productividad no están relacionadas directamente con el hecho de que la gestión sea pública o privada, sino con factores mucho más complejos vinculados a parámetros exógenos.
EEUU, por ejemplo, es el país del mundo que más gasta (salvo Luxemburgo) en sanidad per cápita (7.960 dólares); pero es, al mismo tiempo, el más ineficiente. La sanidad norteamericana precisa más dinero para dar la misma calidad al no haber tejido una red asistencial capaz de aprovechar las economías de escala que se derivan de un modelo sanitario integrado. España, muy al contrario, ocupa el puesto número 19 (año 2009) en cuento a gasto sanitario total per cápita dentro de Europa (3.032 dólares) incluyendo fondos públicos y privados, pero existe una coincidencia general en que el sistema es globalmente muy satisfactorio. Incluso países como Suecia, que ahora se ponen como ejemplo, gastan más que España por cabeza pese a que la gestión de su sistema sanitario es mayoritariamente privada tras las reformas de los primeros años 90.
Los costes estructurales
¿Es mejor el sistema sueco que el español? La respuesta, como en la canción de Dylan, está flotando en el viento. Simplemente porque la realidad socio-económica y demográfica de ambos países es radicalmente distinta, toda vez que el gasto sanitario está influido mayoritariamente por dos variables: el número de enfermos crónicos (que en la mayor parte de los casos sufren distintas enfermedades de manera simultánea) y los avances tecnológicos, tanto en medicamentos como en equipamiento hospitalario. En el primer caso, y según algunos estudios, más del 70% del gasto sanitario se concentra en el 5% de la población con mayor necesidad de atención sanitaria, precisamente los enfermos de carácter crónico.
Sin duda que detrás de esta realidad se encuentran tanto el estilo de vida de cada país como los antecedentes económicos, sociales y culturales de la población atendida, cuyas circunstancias son muy distintas por razones históricas, por lo que no es posible establecer ninguna comparación homogénea. Es por eso que las investigaciones más recientes han encontrado la respuesta acudiendo a la gestión integrada de la atención sanitaria de los pacientes crónicos, incluyendo los servicios sociales y la dependencia.
Estos nuevos sistemas de gestión por supuesto que no tienen nada que ver con que la organización de la atención sanitaria sea pública o privada, sino con una nueva forma de aproximarse al problema. La otra clave, por el contrario, es aumentar la autonomía de gestión hospitalaria y la política de incentivos. Y ambas cosas, que ahorran costes, se pueden hacer hoy por hoy con la ley en la mano. De verdad alguien cree que un Gobierno que se ha subido impuestos, revolucionado a los funcionarios etc… no puede propiciar la autonomía de gestión de los hospitales y articular una política de incentivos.
¿Cuál es el problema? Que eso supone hacer política con mayúsculas, gestionar, aplicar el sentido común y brearse en el terreno de la administración de recursos, siempre escasos. Y eso es lo que no parecen querer en el PP de Madrid, complicarse la vida y actuar. Es mejor que lo hagan otros. Las empresas privadas que se quedarán con la gestión hospitalaria y los centros de salud. La política de incentivos se puede aplicar en ambos modelos, y eso, de hecho, es lo que se pretendía con la creación de fundaciones públicas, que intentó en su día Núñez Feijoo con Romay Beccaría de ministro.
El pago por resultados es una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero públicoLa experiencia privatizadora sueca, como han puesto de relieve numerosos estudios, ha revelado que la economía de la salud no pasa por construir un sistema basado en la competencia, sino en la cooperación, que es, precisamente, lo que pretende el Ministerio de Sanidad -con acierto- cuando habla de crear una gran central de compras integrada en el sistema nacional de salud.
El pago por resultados es, desde luego, una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero público. Y ahí está la inasumible y escandalosa rentabilidad asegurada por la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de siete hospitales en la región: nada menos que un 11,22% anual garantizado por contrato, y sin pagar impuestos hasta pasados 17 años desde el inicio de la concesión. Muchas empresas querrían un chollo similar.
Un documento impagable
Existe, en este sentido, un documento impagable y esclarecedor que pone de relieve la estulticia de algunas políticas. Lo envió el 13 de abril de 2011 el anterior presidente de Seopan, David Taguas, al propio Lasquetty como representante de las empresas concesionarias. En el documento, aparte de quejarse de que el pliego de condiciones no cubre los gastos reales, las empresas concesionarias admiten que no hay forma de medir las intervenciones quirúrgicas. Y lo hacen en estos términos: “Transcurridos tres años desde la apertura de los 7 nuevos hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto mostrar en estadística”.
Todo un reconocimiento de parte que lleva aparejado una reclamación: la administración madrileña ha generado una deuda no reconocida de tres millones de euros al año porque a las concesionarias no les salen las cuentas. Algo parecido sucedió con el hospital de Alzira, que tuvo que renegociar el contrato de concesión con la Comunidad valenciana, como sostiene la sociedad española de salud pública. Con razón, el profesor Guillem Lopez Casanovas se preguntaba hace algún tiempo qué tipo de incentivos tenía un proveedor del servicio sanitario (el gestor privado) para darle información veraz a quien financia (el sector público) habida cuenta de que puede ir contra sus propios intereses en el momento de corregir las tarifas.
No es de extrañar, por lo tanto, que la Cámara de Cuentas de Madrid dijera en un informe que elaboró sobre la sanidad de la región que “una gran parte de los indicadores previstos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios sólo representan la actividad que se prevé llevar a cabo, pero no sirven para medir el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones”. Pues bien, sobre la base de esta deficiente información es la que la Comunidad de Madrid ha procedido a privatizar buena parte de la gestión sanitaria.
Una inutilidad
Y es que ningún método de evaluación de resultados objetivo es capaz de medir realidades distintas, y, por lo tanto, trasladar un modelo u otro a un país es simplemente inútil. Como han puesto de manifiesto los profesores Mas, Cirera y Viñolas, del IESE, un reciente estudio de la OCDE elaboró un ránking de países estimando las muertes que se podrían haber evitado con una atención sanitaria eficiente. Y el resultado fue que el país con una menor mortalidad evitable era Francia, mientras que España ocupaba el puesto número 10 de 31. No está nada mal teniendo en cuenta que está a la cola del gasto sanitario per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante una privatización de seis hospitales y 27 centros de salud que no se hace con criterios de eficiencia en el gasto, sino por razones estrictamente ideológicas, lo cual es todavía más irracional. Lasquetty, en este sentido, es un mero ejecutor al que el presidente Ignacio González despachará en cuanto pueda. Y no es que no existan bolsas de ineficiencia, que sin duda las hay, sino que se pretende tratar de forma homogénea a problemas distinto con soluciones no contrastadas por la realidad.
Sin duda que el brazo largo de la Faes de Aznar está detrás de este movimiento hacia ninguna parte que ha iniciado la sanidad madrileña. Pero lo que choca es que nadie en el Gobierno central (que ha recurrido al Constitucional el euro por receta) haya intentado frenarlo habida cuenta de que supone un paso más en la ruptura de la unidad de mercado en España. No parece razonable que cuando el propio Ejecutivo -con buen criterio- está ultimando una ley para garantizar la unidad de mercado, una comunidad privatice la gestión de buena parte de su red hospitalaria, lo que sin duda supone una distorsión en el conjunto del sistema. Como dijo Ignacio de Loyola, es mejor no hacer mudanza en tiempo de tribulación. Y menos cuando la reforma no aparecía en el programa electoral.
relacion de la PRIVATIZACION de la SANIDAD con la "siempre presunta" DELINCUENCIA ORGANIZADA ESPAÑOLA
relacion de la PRIVATIZACION de la SANIDAD con la "siempre presunta" DELINCUENCIA ORGANIZADA ESPAÑOLA
COMO EN ESPAÑA NO DISPONEMOS DE UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE, investiguemos y atemos cabos por nosotros mismos:
Sabemos que la mafia está instalada en la costa mediterranea de España, que para poder instalarse en una región necesitan la colaboración de autoridades.
Atemos cabos en LA FAMILIA :
Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946) es un conocido político y empresario valenciano, que ejerció de Presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011. Asimismo, es uno de los líderes del Partido Popular en la provincia.1 Se encuentra imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por el delito fiscal
el irregular incremento patrimonial experimentado por el señor Fabra, esposa e hijos y sociedades controladas por éstos en toda clase de impuestos", y se relacionaba igualmente con "la repercusión fiscal de dichas operaciones en los impuestos, sociedades, IVA e IRPF de sus socios en los ejercicios 1999 a 2004".
El juez decreta prisión para el sobrino de Fabra y los otros ocho detenidos en la operación antidrogahttp://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102300_19_510191__Comunitat-Valenciana-juez-decreta-prision-para-sobrino-Fabra-otros-ocho-detenidos-operacion-antidroga
Andrea Fabra Fernández (la del que se jodan los parados) es una política española, hija de Carlos Fabra Carreras, jefe provincial del Partido Popular en Castellón.2 Ha ocupado escaños durante tres legislaturas, primero en el Senado (2004-2008) y las dos siguientes en el Congreso. Está casada con Juan José Güemes, también político del PP y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.
Juan Jose Güenes:
Tras la victoria electoral del Partido Popular, se incorporó al Ministerio de Economía y Hacienda bajo el mandato de Rodrigo Rato. En ese Departamento ocupa los cargos de asesor (1996-1998), director adjunto del vicepresidente segundo (1998-2000) y Secretario General de Turismo (2000-2003).
Durante los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid, diputado de la Asambela de Madrid y Consejero de Empleo y Mujer (2003-2007) y Consejero de Sanidad desde 2007, hasta el 18 de marzo de 2010, que se incorpora al Instituto de Empresa como Presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora (¿quienes emprenderá y qué??)
AL YERNO DE CARLOS FABRA, JUAN JOSÉ GÜEMES, LE PONE ANTI CORRUPCIÓN LA LUPA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO MAJADAHONDA DE FRAUDE INMOBILIARIO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS confidencial 7D: AL YERNO DE CARLOS FABRA, JUAN JOSÉ GÜEMES, LE PONE ANTI CORRUPCIÓN LA LUPA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO MAJADAHONDA DE FRAUDE INMOBILIARIO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Pues este "presunto" miembro de la "presunta" "familia", yerno del "Padrino", ha sido consejero de sanidad de Madrid y ofreció a constructoras, financieras.. en BANDEJA la SANIDAD DE MADRID.
Vean:
2008
Güemes ofrece "oportunidades de negocio" en la sanidad pública
Una veintena de personas recibe al consejero con abucheos en el Severo Ochoa
"Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", reza la convocatoria. Un cebo dirigido a constructoras, entidades financieras, aseguradoras sanitarias, empresas de equipamientos sanitarios y, en fin, todos los negocios que quieran subirse a la ola privatizadora -así la llamó el propio consejero del ramo, Juan José Güemes- que bate con fuerza las costas de la sanidad pública madrileña.
Güemes, acompañado de la plana mayor de su departamento, se reúne hoy con empresarios para presentarles el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Les contará, entre otras cosas, qué oportunidades de negocio tienen en la construcción de los cuatro nuevos hospitales (Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel), que serán de gestión privada, y en la reforma integral de los tradicionales (Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre). El director general de Hospitales, Antonio Burgueño, según el programa, responderá, por ejemplo, a si "¿van a dar cabida a la iniciativa privada como en los nuevos?".
Hacen el negocio, y en el 2012 nosotros los contribuyentes somos atracados por los amigos de la castuza: rescatamos hospitales privatizados con dinero público: OTRO "PELOTAZO" del "supuesto" CRIMEN ORGANIZADO.
COMO EN ESPAÑA NO DISPONEMOS DE UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE, investiguemos y atemos cabos por nosotros mismos:
Sabemos que la mafia está instalada en la costa mediterranea de España, que para poder instalarse en una región necesitan la colaboración de autoridades.
Atemos cabos en LA FAMILIA :
Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946) es un conocido político y empresario valenciano, que ejerció de Presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011. Asimismo, es uno de los líderes del Partido Popular en la provincia.1 Se encuentra imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por el delito fiscal
el irregular incremento patrimonial experimentado por el señor Fabra, esposa e hijos y sociedades controladas por éstos en toda clase de impuestos", y se relacionaba igualmente con "la repercusión fiscal de dichas operaciones en los impuestos, sociedades, IVA e IRPF de sus socios en los ejercicios 1999 a 2004".
El juez decreta prisión para el sobrino de Fabra y los otros ocho detenidos en la operación antidrogahttp://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102300_19_510191__Comunitat-Valenciana-juez-decreta-prision-para-sobrino-Fabra-otros-ocho-detenidos-operacion-antidroga
Andrea Fabra Fernández (la del que se jodan los parados) es una política española, hija de Carlos Fabra Carreras, jefe provincial del Partido Popular en Castellón.2 Ha ocupado escaños durante tres legislaturas, primero en el Senado (2004-2008) y las dos siguientes en el Congreso. Está casada con Juan José Güemes, también político del PP y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.
Juan Jose Güenes:
Tras la victoria electoral del Partido Popular, se incorporó al Ministerio de Economía y Hacienda bajo el mandato de Rodrigo Rato. En ese Departamento ocupa los cargos de asesor (1996-1998), director adjunto del vicepresidente segundo (1998-2000) y Secretario General de Turismo (2000-2003).
Durante los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid, diputado de la Asambela de Madrid y Consejero de Empleo y Mujer (2003-2007) y Consejero de Sanidad desde 2007, hasta el 18 de marzo de 2010, que se incorpora al Instituto de Empresa como Presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora (¿quienes emprenderá y qué??)
AL YERNO DE CARLOS FABRA, JUAN JOSÉ GÜEMES, LE PONE ANTI CORRUPCIÓN LA LUPA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO MAJADAHONDA DE FRAUDE INMOBILIARIO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS confidencial 7D: AL YERNO DE CARLOS FABRA, JUAN JOSÉ GÜEMES, LE PONE ANTI CORRUPCIÓN LA LUPA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO MAJADAHONDA DE FRAUDE INMOBILIARIO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Pues este "presunto" miembro de la "presunta" "familia", yerno del "Padrino", ha sido consejero de sanidad de Madrid y ofreció a constructoras, financieras.. en BANDEJA la SANIDAD DE MADRID.
Vean:
2008
Güemes ofrece "oportunidades de negocio" en la sanidad pública
Una veintena de personas recibe al consejero con abucheos en el Severo Ochoa
"Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", reza la convocatoria. Un cebo dirigido a constructoras, entidades financieras, aseguradoras sanitarias, empresas de equipamientos sanitarios y, en fin, todos los negocios que quieran subirse a la ola privatizadora -así la llamó el propio consejero del ramo, Juan José Güemes- que bate con fuerza las costas de la sanidad pública madrileña.
Güemes, acompañado de la plana mayor de su departamento, se reúne hoy con empresarios para presentarles el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Les contará, entre otras cosas, qué oportunidades de negocio tienen en la construcción de los cuatro nuevos hospitales (Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel), que serán de gestión privada, y en la reforma integral de los tradicionales (Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre). El director general de Hospitales, Antonio Burgueño, según el programa, responderá, por ejemplo, a si "¿van a dar cabida a la iniciativa privada como en los nuevos?".
Hacen el negocio, y en el 2012 nosotros los contribuyentes somos atracados por los amigos de la castuza: rescatamos hospitales privatizados con dinero público: OTRO "PELOTAZO" del "supuesto" CRIMEN ORGANIZADO.
Miren a manos de quienes están traspasando la sanidad:
ATENTOS: PRIVATIZACION DE LOS HOSPITALES CON LA TRAMA GURTELL por medio
¿De quién son los hospitales de la presidenta?
Esta semana se inaugura el noveno hospital de gestión privada de la 'era Aguirre'
Los centros son propiedad durante 30 años de constructoras y fondos de capital riesgo
Los hospitales semiprivados atienden al 25% de madrileños
No es la crisis, es la privatización
“Bienvenido a la página web del Hospital del Henares, un nuevo centro sanitario construido por la Comunidad de Madrid que abrió sus puertas...” ¿Construido por la Comunidad de Madrid? En realidad no. Ninguno de los nueve hospitales públicos que se han inaugurado desde que Esperanza Aguirre es presidenta de Madrid los ha construido el Gobierno regional. Ni los ha construido ni se encarga de gestionar toda o parte de su actividad. De hecho, ni siquiera son suyos. Los nuevos hospitales pertenecen, y así seguirán durante casi tres décadas, a constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria con bancos como accionistas y fondos de capital riesgo con sede en Luxemburgo. Las empresas construyeron los edificios y, a cambio, ahora reciben un cánon anual por atender a los ciudadanos. Cuando las concesiones venzan, dentro de 30 años, revertirán a la Administración, que mientras tanto es una mera inquilina.
No siempre fue así. El panorama de la sanidad pública madrileña ha cambiado drásticamente desde la llegada de Aguirre al Gobierno regional en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública (con algún concierto, como el de la Fundación Jiménez Díaz). La Administración contrataba a los médicos, enfermeras, celadores, administrativos... Hoy casi uno de cada tres hospitales es de gestión privada, total o parcialmente
Entre los nuevos hospitales hay siete PFI y dos PPP. Pero el futuro es la gestión enteramente privada: el día 21 los Reyes inauguran el tercero, el Rey Juan Carlos, en Móstoles. La empresa Capio Sanidad, propiedad del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, ha gastado 232 millones de euros en construirlo y equiparlo. La Comunidad de Madrid aún no ha desembolsado nada. El pago empieza ahora, y durará 30 años. Los presupuestos de 2012 le destinan 76 millones de euros. Dentro de unos meses abrirá el cuarto, el de Collado Villalba. Para entonces, la atención hospitalaria de 800.000 madrileños estará gestionada por Capio, es decir, por el fondo de capital riesgo CVC.
Los propietarios del resto de los nuevos hospitales son básicamente las constructoras que los edificaron. Dos de ellas, y una empresa de servicios, aparecen en el sumario del caso Gürtel. Es el caso de la constructora Hispánica que, junto con otras dos firmas, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo (Aranjuez) en 2005. En 2009 la compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado. La concesionaria del hospital Infanta Leonor (Vallecas) tiene entre sus accionistas (34%) a la constructora Begar, propiedad del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri. Tanto esta empresa como Ploder Uicesa (5%) se han declarado en concurso de acreedores. Sufi, empresa de servicios, es la tercera compañía relacionada con Gürtel a través de uno de sus directivos. Asociada con Dragados en una UTE, consiguió la licitación del hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Posteriormente la compró Sacyr.
Cambios en el accionariado, quiebras de las empresas que forman parte de la concesionaria... “Uno de los riesgos de los nuevos centros en el contexto de la crisis es la quiebra de las UTEs concesionarias, porque pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población”, señala Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Y añade: “Cuando hay negocio se privatiza y cuando hay pérdidas el dinero público reflota las empresas para de nuevo privatizar los beneficios”.
CONCLUSION: El PP de Madrid está príngado en el caso Gürtell hasta las orejas puede que no sea tan casual que la privatización de la sanidad haya empezado en Madrid
ATENTOS: PRIVATIZACION DE LOS HOSPITALES CON LA TRAMA GURTELL por medio
¿De quién son los hospitales de la presidenta?
Esta semana se inaugura el noveno hospital de gestión privada de la 'era Aguirre'
Los centros son propiedad durante 30 años de constructoras y fondos de capital riesgo
Los hospitales semiprivados atienden al 25% de madrileños
No es la crisis, es la privatización
“Bienvenido a la página web del Hospital del Henares, un nuevo centro sanitario construido por la Comunidad de Madrid que abrió sus puertas...” ¿Construido por la Comunidad de Madrid? En realidad no. Ninguno de los nueve hospitales públicos que se han inaugurado desde que Esperanza Aguirre es presidenta de Madrid los ha construido el Gobierno regional. Ni los ha construido ni se encarga de gestionar toda o parte de su actividad. De hecho, ni siquiera son suyos. Los nuevos hospitales pertenecen, y así seguirán durante casi tres décadas, a constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria con bancos como accionistas y fondos de capital riesgo con sede en Luxemburgo. Las empresas construyeron los edificios y, a cambio, ahora reciben un cánon anual por atender a los ciudadanos. Cuando las concesiones venzan, dentro de 30 años, revertirán a la Administración, que mientras tanto es una mera inquilina.
No siempre fue así. El panorama de la sanidad pública madrileña ha cambiado drásticamente desde la llegada de Aguirre al Gobierno regional en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública (con algún concierto, como el de la Fundación Jiménez Díaz). La Administración contrataba a los médicos, enfermeras, celadores, administrativos... Hoy casi uno de cada tres hospitales es de gestión privada, total o parcialmente
Entre los nuevos hospitales hay siete PFI y dos PPP. Pero el futuro es la gestión enteramente privada: el día 21 los Reyes inauguran el tercero, el Rey Juan Carlos, en Móstoles. La empresa Capio Sanidad, propiedad del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, ha gastado 232 millones de euros en construirlo y equiparlo. La Comunidad de Madrid aún no ha desembolsado nada. El pago empieza ahora, y durará 30 años. Los presupuestos de 2012 le destinan 76 millones de euros. Dentro de unos meses abrirá el cuarto, el de Collado Villalba. Para entonces, la atención hospitalaria de 800.000 madrileños estará gestionada por Capio, es decir, por el fondo de capital riesgo CVC.
Los propietarios del resto de los nuevos hospitales son básicamente las constructoras que los edificaron. Dos de ellas, y una empresa de servicios, aparecen en el sumario del caso Gürtel. Es el caso de la constructora Hispánica que, junto con otras dos firmas, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo (Aranjuez) en 2005. En 2009 la compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado. La concesionaria del hospital Infanta Leonor (Vallecas) tiene entre sus accionistas (34%) a la constructora Begar, propiedad del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri. Tanto esta empresa como Ploder Uicesa (5%) se han declarado en concurso de acreedores. Sufi, empresa de servicios, es la tercera compañía relacionada con Gürtel a través de uno de sus directivos. Asociada con Dragados en una UTE, consiguió la licitación del hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Posteriormente la compró Sacyr.
Cambios en el accionariado, quiebras de las empresas que forman parte de la concesionaria... “Uno de los riesgos de los nuevos centros en el contexto de la crisis es la quiebra de las UTEs concesionarias, porque pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población”, señala Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Y añade: “Cuando hay negocio se privatiza y cuando hay pérdidas el dinero público reflota las empresas para de nuevo privatizar los beneficios”.
CONCLUSION: El PP de Madrid está príngado en el caso Gürtell hasta las orejas puede que no sea tan casual que la privatización de la sanidad haya empezado en Madrid
NO NOS GOBIERNAN, NOS ATRACAN:
Cito post de John Nash
Entre los defraudadores citados por NYT:
Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.
Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times.
Miren quienes son los accionistas de la empresa Capio que está monopolizando la sanidad española:
Síntesis: Toda la sanidad pública que hemos pagado nosotros, con el dinero de nuestros impuestos , se lo están practicamente regalando a grandes empresas que NO han pagado impuestos en Espàña; para beneficio de la gentuza que encima NO paga impuestos.
EmPresas que cuando no obtienen beneficios suficientes piden más dinero de nuestros impuestos, ya han sido rescatados por lo menos 3 hospitales públicos con nuestro dinero
Nos roban varias veces, y ahora se quedan con nuestra salud.
Cito post de John Nash
Entre los defraudadores citados por NYT:
Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.
Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times.
Miren quienes son los accionistas de la empresa Capio que está monopolizando la sanidad española:
Síntesis: Toda la sanidad pública que hemos pagado nosotros, con el dinero de nuestros impuestos , se lo están practicamente regalando a grandes empresas que NO han pagado impuestos en Espàña; para beneficio de la gentuza que encima NO paga impuestos.
EmPresas que cuando no obtienen beneficios suficientes piden más dinero de nuestros impuestos, ya han sido rescatados por lo menos 3 hospitales públicos con nuestro dinero
Nos roban varias veces, y ahora se quedan con nuestra salud.
ejosdeltiempo.wordpress.com/2012/11/21/el-negocio-que-hicieron-los-senores-del-ladrillo-con-los-hospitales-de-madrid/
El negocio que hicieron los señores del ladrillo con los hospitales de Madrid
¿Por qué constructoras privadas en el ámbito público?
Desde la Comunidad de Madrid, la excusa empleada para introducir a empresas privadas en la construcción de hospitales públicos, fue que “no había dinero” y que era urgente construir los hospitales. El sistema ideado para controlar estas obras consistía en que las empresas privadas adelantaban el dinero y, de esta manera, se convertían en propietarias de los centros. A cambio las arcas públicas les pagan durante entre 30 y 60 años un alquiler. En estos momentos, y según se asegura desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se asegura que todo lo que invirtieron en su momento estas constructoras ya ha sido pagado y han obtenido alrededor de unos 100 millones de euros de beneficios, lo que supone un negocio redondo.
Estando involucrados gente de la trama Gürtell
El nombre de Begar trae a la mente las múltiples acusaciones contra su presidente, José Luis Ulibarri en el marco de la trama Gürtel, en las que se encuentra imputado por cohecho y blanqueo de capitales en relación con unos pagos que realizó presuntamente por comisiones a la trama de Francisco Correa, además de por estafa a la Hacienda pública.
La sombra de la trama Gürtel no acaba ahí, ya que el hospital público de Aranjuez fue construido por la Constructora Hispánica, propiedad de Alfonso García Pozuelo, otro de los constructores imputados en la Gürtel, quién está acusado de pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP. Además, de una de las partidas de dinero entregadas a Correa, una por valor de 1’6 millones de euros, 600.000 euros fueron a parar a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP.
El negocio que hicieron los señores del ladrillo con los hospitales de Madrid
¿Por qué constructoras privadas en el ámbito público?
Desde la Comunidad de Madrid, la excusa empleada para introducir a empresas privadas en la construcción de hospitales públicos, fue que “no había dinero” y que era urgente construir los hospitales. El sistema ideado para controlar estas obras consistía en que las empresas privadas adelantaban el dinero y, de esta manera, se convertían en propietarias de los centros. A cambio las arcas públicas les pagan durante entre 30 y 60 años un alquiler. En estos momentos, y según se asegura desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se asegura que todo lo que invirtieron en su momento estas constructoras ya ha sido pagado y han obtenido alrededor de unos 100 millones de euros de beneficios, lo que supone un negocio redondo.
Estando involucrados gente de la trama Gürtell
El nombre de Begar trae a la mente las múltiples acusaciones contra su presidente, José Luis Ulibarri en el marco de la trama Gürtel, en las que se encuentra imputado por cohecho y blanqueo de capitales en relación con unos pagos que realizó presuntamente por comisiones a la trama de Francisco Correa, además de por estafa a la Hacienda pública.
La sombra de la trama Gürtel no acaba ahí, ya que el hospital público de Aranjuez fue construido por la Constructora Hispánica, propiedad de Alfonso García Pozuelo, otro de los constructores imputados en la Gürtel, quién está acusado de pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP. Además, de una de las partidas de dinero entregadas a Correa, una por valor de 1’6 millones de euros, 600.000 euros fueron a parar a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP.
No hay dinero para los pacientes, pero sí para
CAPIO, a cambio de nada. No han prestado ningún servicio a nadie y ya
les debemos dinero, ya empezamos como con la tarifa eléctrica,
simplemente nos roban
El hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el Gobierno regional en los últimos años, va a costar el año que viene más de 900.000 euros al mes pese a estar cerrado. Tras varios retrasos —inicialmente se dijo que se inauguraría en 2011—, estaba previsto abrirlo este verano, pero la Comunidad de Madrid decidió retrasar su puesta en marcha para ahorrarse los 21,9 millones que le destinaba el Presupuesto de 2012. Esta cantidad fue una de las que se eliminó de las cuentas en el ajuste de 1.000 millones que acometió el Ejecutivo en junio pasado.
Pero el hospital, que gestiona Capio, está ya construido. El 1 de enero de 2013, es decir, dentro de poco más de dos semanas, la concesionaria lo pondrá a disposición de la Administración. A partir de entonces empezará a generar gastos que el Gobierno regional tendrá que pagar durante todo el año, pese a que el hospital no prestará servicio.
Cada mes Capio recibirá 775.591 euros (con IVA, 938.465) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.
La cuota mensual multiplicada por 12 meses supone 9,3 millones de euros en 2013. Sumado el 21% de IVA, resultan 11,25 millones de euros. Según la Consejería de Sanidad, lo que falta hasta los 12,7 millones de euros que le destinan los Presupuestos del año que viene corresponde a los días de actividad que tendrá el hospital a finales de año, dado que está previsto inaugurarlo el 15 de diciembre de 2013, según la adenda del contrato.
900.000 euros al mes de fondos públicos por un hospital cerrado | Madrid | EL PAÍS
El hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el Gobierno regional en los últimos años, va a costar el año que viene más de 900.000 euros al mes pese a estar cerrado. Tras varios retrasos —inicialmente se dijo que se inauguraría en 2011—, estaba previsto abrirlo este verano, pero la Comunidad de Madrid decidió retrasar su puesta en marcha para ahorrarse los 21,9 millones que le destinaba el Presupuesto de 2012. Esta cantidad fue una de las que se eliminó de las cuentas en el ajuste de 1.000 millones que acometió el Ejecutivo en junio pasado.
Pero el hospital, que gestiona Capio, está ya construido. El 1 de enero de 2013, es decir, dentro de poco más de dos semanas, la concesionaria lo pondrá a disposición de la Administración. A partir de entonces empezará a generar gastos que el Gobierno regional tendrá que pagar durante todo el año, pese a que el hospital no prestará servicio.
Cada mes Capio recibirá 775.591 euros (con IVA, 938.465) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.
La cuota mensual multiplicada por 12 meses supone 9,3 millones de euros en 2013. Sumado el 21% de IVA, resultan 11,25 millones de euros. Según la Consejería de Sanidad, lo que falta hasta los 12,7 millones de euros que le destinan los Presupuestos del año que viene corresponde a los días de actividad que tendrá el hospital a finales de año, dado que está previsto inaugurarlo el 15 de diciembre de 2013, según la adenda del contrato.
900.000 euros al mes de fondos públicos por un hospital cerrado | Madrid | EL PAÍS
http://misaludnoesunnegocio.net/medi...tin_SAS_n2.pdf
La corrupción política pieza clave de la
privatización
Los tiburones de la privatización de la sanidad
Ribera Salud, integrada por la CAM y Bankia, ha gestionado hasta ahora los hospitales de Alzira, Torrevieja, Manises y Elche, además de Erescanner – resonancias magnéticas – en la Comunidad Valenciana, así como el nuevo hospital de Torrejón y el macrolaboratorio de San Sebastián de los
Reyes.
La CAM, famosa por las pensiones multimillonarias de sus directivos, a pesar de haber recibido 2.800 millones de euros de dinero público, quiebra, y es vendida al Banco de Sabadell por 1 euro.Ribera Salud, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de 50 millones de euros contraída con FCC (empresa de la que es Consejero el exdirigente del PSOE Nicolás Redondo Terreros) por la construcción del hospital de Torrejón y de acuerdo con Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia, decide vender todos sus centros sanitarios a la multinacional sueca Capio.
Capio, integrada a su vez en la multinacional financiera capital-riesgo Apax Partners, que ya gestiona los hospitales “públicos” de Valdemoro, Móstoles y Villalba, es propietaria de la Fundación Jimenez Díaz, quien mediante un Convenio Singular con la Consejería de Sanidad de Madrid presta asistencia sanitaria a 400.000 personas, habiéndosele cedido además los centros de especialidades de Pontones y Quintana, que son Patrimonio de la Seguridad Social.
La venta de Ribera Salud a Capio por el módico precio de 115 millones de euros, se ha realizado con la decisiva intermediación de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC).
En Galicia, mientras gobernaron BNG y PSOE no se licitó la construcción del hospital de Vigo de forma pública, por lo que al entrar el nuevo ejecutivo del PP, éste lo licitó bajo la forma PFI (Iniciativa de Financiación Privada), por 71.670.000 euros/año durante 20 años a la UTE integrada por la
constructora Puentes y Calzadas, CAM y Bankia.
Este coste supera en un millón de euros al previstomediante iniciativa pública. La asesoría de esta operación, realizada en diciembre de 2010, corrió a cargo de PWC que recibió por ello de la Junta de Galicia 220.000 euros, a pesar de que el Banco de España, ya entonces, calificaba a la CAM como la peor de las cajas de ahorros con necesidad urgente de ser reestructurada.
Los políticos conseguidores
El desguace planificado de la sanidad pública y la transferencia monumental de fondos públicos a la
empresa privada, generan su “insostenibilidad” que es utilizada como coartada de recortes y amenazas
de copago. Nada de ello sería posible sin la facilitación de los negocios por parte de políticos conseguidores que obtienen, al tiempo, jugosos beneficios.
Algunos datos sobre los hechos recientes:
• Manuel Lamela, ex jefe del gabinete de Rato cuando fue Ministro de Economía y exConsejero de Sanidad de Madrid cuando se iniciaron los ocho primeros hospitales de gestión privada, es ahora miembro del Consejo de Dirección de Capio y máximo dirigente Madrid Medical Destination[2]. Es también Consejero de Bankia.
• Rodrigo Rato, presidente de Bankia encarga a PWC el informe de fusión de Caja Madrid y Bancaja y dirige la venta de Ribera salud a Capio.
• Luis de Guindos fue Secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato como Ministro y ahora es jes de los servicios financieros de PWC. Fue directivo de Leman Brothers[3].
• Agustín Hernández fue Director de Obras Públicas de la Junta de Galicia. Cuando el PP pierde las elecciones pasa a ser contratado por la constructora Puentes y Calzadas, empresa adjudicataria junto a la CAM y Bankia del nuevo hospital de Vigo. Ahora es Consejero de Medio Ambiente[4].
• Joaquím Triadú, directivo de PWC, es Secretario del Consejo Asesor del presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas
La corrupción política pieza clave de la
privatización
Los tiburones de la privatización de la sanidad
Ribera Salud, integrada por la CAM y Bankia, ha gestionado hasta ahora los hospitales de Alzira, Torrevieja, Manises y Elche, además de Erescanner – resonancias magnéticas – en la Comunidad Valenciana, así como el nuevo hospital de Torrejón y el macrolaboratorio de San Sebastián de los
Reyes.
La CAM, famosa por las pensiones multimillonarias de sus directivos, a pesar de haber recibido 2.800 millones de euros de dinero público, quiebra, y es vendida al Banco de Sabadell por 1 euro.Ribera Salud, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de 50 millones de euros contraída con FCC (empresa de la que es Consejero el exdirigente del PSOE Nicolás Redondo Terreros) por la construcción del hospital de Torrejón y de acuerdo con Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia, decide vender todos sus centros sanitarios a la multinacional sueca Capio.
Capio, integrada a su vez en la multinacional financiera capital-riesgo Apax Partners, que ya gestiona los hospitales “públicos” de Valdemoro, Móstoles y Villalba, es propietaria de la Fundación Jimenez Díaz, quien mediante un Convenio Singular con la Consejería de Sanidad de Madrid presta asistencia sanitaria a 400.000 personas, habiéndosele cedido además los centros de especialidades de Pontones y Quintana, que son Patrimonio de la Seguridad Social.
La venta de Ribera Salud a Capio por el módico precio de 115 millones de euros, se ha realizado con la decisiva intermediación de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC).
En Galicia, mientras gobernaron BNG y PSOE no se licitó la construcción del hospital de Vigo de forma pública, por lo que al entrar el nuevo ejecutivo del PP, éste lo licitó bajo la forma PFI (Iniciativa de Financiación Privada), por 71.670.000 euros/año durante 20 años a la UTE integrada por la
constructora Puentes y Calzadas, CAM y Bankia.
Este coste supera en un millón de euros al previstomediante iniciativa pública. La asesoría de esta operación, realizada en diciembre de 2010, corrió a cargo de PWC que recibió por ello de la Junta de Galicia 220.000 euros, a pesar de que el Banco de España, ya entonces, calificaba a la CAM como la peor de las cajas de ahorros con necesidad urgente de ser reestructurada.
Los políticos conseguidores
El desguace planificado de la sanidad pública y la transferencia monumental de fondos públicos a la
empresa privada, generan su “insostenibilidad” que es utilizada como coartada de recortes y amenazas
de copago. Nada de ello sería posible sin la facilitación de los negocios por parte de políticos conseguidores que obtienen, al tiempo, jugosos beneficios.
Algunos datos sobre los hechos recientes:
• Manuel Lamela, ex jefe del gabinete de Rato cuando fue Ministro de Economía y exConsejero de Sanidad de Madrid cuando se iniciaron los ocho primeros hospitales de gestión privada, es ahora miembro del Consejo de Dirección de Capio y máximo dirigente Madrid Medical Destination[2]. Es también Consejero de Bankia.
• Rodrigo Rato, presidente de Bankia encarga a PWC el informe de fusión de Caja Madrid y Bancaja y dirige la venta de Ribera salud a Capio.
• Luis de Guindos fue Secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato como Ministro y ahora es jes de los servicios financieros de PWC. Fue directivo de Leman Brothers[3].
• Agustín Hernández fue Director de Obras Públicas de la Junta de Galicia. Cuando el PP pierde las elecciones pasa a ser contratado por la constructora Puentes y Calzadas, empresa adjudicataria junto a la CAM y Bankia del nuevo hospital de Vigo. Ahora es Consejero de Medio Ambiente[4].
• Joaquím Triadú, directivo de PWC, es Secretario del Consejo Asesor del presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas
Los 8 nuevos hospitales: Un peligro para nuestra salud.
Los 8 nuevos hospitales: Un peligro para nuestra salud.
Los 8 nuevos hospitales: Majadahonda, Vallecas, S.S.Sebastián de los Reyes, Parla, Arganda, Aranjuez, Coslada y Valdemoro, no son públicos, sino privados, su objetivo es el lucro en perjuicio de una asistencia sanitaria de calidad,
A LA POBLACIÓN DE MADRID
Los 8 nuevos hospitales que se están construyendo en nuestra Comunidad, no son públicos, sino propiedad de empresas privadas, que posteriormente arrendarán a la Administración, durante un período de entre 30 y 60 años. Son hospitales privados y lucrativos, es decir su objetivo principal es conseguir beneficios económicos, no garantizar asistencia sanitaria de calidad.
La estrategia neoliberal impuesta por EEUU, busca la privatización (que presentan como modernización) de los servicios públicos y su entrega a las grandes empresas de siempre (constructoras, bancos, aseguradoras, ..), con el único objetivo de multiplicar sus beneficios.
La Sanidad Pública madrileña, ya bastante deteriorada (masificación de consultas y urgencias; listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, deficit de camas hospitalarias y de plantilla, derivaciones a la sanidad privada,..), no va a mejorar con estos 8 nuevos hospitales, muy al contrario, empeorará. No olvidemos que van a cerrarse 2.000 camas de los actuales hospitales.
Estos hospitales suponen un peligro para nuestra salud como pacientes y usuarios. Estudios internacionales muestranque: existe mayor riesgo de muerte al ser atendido en un hospital con fines lucrativos, que en uno público.
Gran Bretaña: proceso similar, desde 1997, al que el PP está realizando en Madrid: cierre de hospitales públicos y apertura de privados. El proceso ha disparado las infecciones hospitalarias (las limpiadoras se han reducido a la mitad) que, en 2005, afectaron a 500.000 pacientes –un 10% de los ingresos en hospitales de agudos-, provocando la muerte de 5.000 personas y con unos costes adicionales de 1 billón de libras al año.
La privatización ha empujado a muchos médicos a emigrar, hasta el punto que un 20% de enfermos de cancer de Gran Bretaña no pueden ser tratados eficazmente a tiempo debido a la escasez de oncólogos.
Canadá: Transformación de hospitales públicos en concesiones privadas. Un estudio demostró que si todos los hospitales públicos canadienses fueran transformados en hospitales con fines lucrativos (como las concesiones de Madrid), se producirían 2.200 muertes más al año de las que se producen en la actualidad.
EEUU: Estudios –de 1982 y 1995- sobre 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes, concluyeron mayoritariamente que, el riesgo de muerte era significativamente mayor en los hospitales con fines lucrativos. También demostraron que los índices de mortalidad son superiores en centros de diálisis con fines lucrativos.
Otra investigación, con datos de 1,6 millones de niños de 243 hospitales, demostró igualmente que la mortalidad perinatal era superior en los hospitales privados lucrativos, que en los no lucrativos.
La Universidad de Pensilvania cuantificó en 20.000 el número de fallecidos en EEUU por haber sido atendidos en centros privados con escaso número de enfermeras.
¿Cuáles son algunas de las razones para que los hospitales privados lucrativos sean tan peligrosos?
Tienen que asegurar beneficios para sus accionistas (debiendo garantizarles unos beneficios anuales del 10-15 % de lo invertido), por lo que limitan la cantidad y la calidad de los cuidados sanitarios.
Reducen sus plantillas para tener más ganancias -menos médicos, enfermeras y otro tipo de personal por cama- (estudios internacionales demuestran que las diferencias de mortalidad entre hospitales públicos y privados comienzan a reducirse cuando se va igualando el número de trabajadores).
Una parte muy importante de sus gastos se dedica a pagar los altos sueldos de sus directivos y los gastos en burocracia administrativa son superiores.
DIFERENCIAS ENTRE CENTROS SANITARIOS
Ø PUBLICO Lo que importa es la salud y la calidad.
Ø PRIVADO Lo que importa son los beneficios.
Ø PUBLICO Atiende a todos por igual.
Ø PRIVADO Selecciona los pacientes rentables y desecha a los que no lo son (ancianos, crónicos, ..).
Ø PUBLICO El personal cobra el salario establecido.
Ø PRIVADO El personal cobra por recortar gastos, limitar ingresos, adelantar las altas , …
Ø PUBLICO Mejores resultados para la salud.
Ø PRIVADO Mayor riesgo de muerte.
Y, además, los hospitales que el PP va a construir en Madrid son mucho más caros que si fueran públicos: El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, con 809 camas, costará 1.200 millones de euros, mientras que el nuevo Hospital Central de Asturias, de financiación pública, con 1.039 camas -230 más- costará 350 millones de euros.
Esquema similar al utilizado en la financiación de la autovía M-45. Pagaremos 1.670 millones de euros por una obra que a las constructoras les costó sólo 487. A los dos años y medio de su inauguración, las constructoras ya habían recuperado 204 millones, es decir, el 42 % de lo invertido. Por ese precio podrían haberse construido 3 autovías semejantes.
PERO AHORA ESTAMOS HABLANDO DE LA SALUD.
¿Qué tipo de gente no tiene en consideración la vida o la muerte de las personas?
Los 8 nuevos hospitales: Un peligro para nuestra salud.
Los 8 nuevos hospitales: Majadahonda, Vallecas, S.S.Sebastián de los Reyes, Parla, Arganda, Aranjuez, Coslada y Valdemoro, no son públicos, sino privados, su objetivo es el lucro en perjuicio de una asistencia sanitaria de calidad,
A LA POBLACIÓN DE MADRID
Los 8 nuevos hospitales que se están construyendo en nuestra Comunidad, no son públicos, sino propiedad de empresas privadas, que posteriormente arrendarán a la Administración, durante un período de entre 30 y 60 años. Son hospitales privados y lucrativos, es decir su objetivo principal es conseguir beneficios económicos, no garantizar asistencia sanitaria de calidad.
La estrategia neoliberal impuesta por EEUU, busca la privatización (que presentan como modernización) de los servicios públicos y su entrega a las grandes empresas de siempre (constructoras, bancos, aseguradoras, ..), con el único objetivo de multiplicar sus beneficios.
La Sanidad Pública madrileña, ya bastante deteriorada (masificación de consultas y urgencias; listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, deficit de camas hospitalarias y de plantilla, derivaciones a la sanidad privada,..), no va a mejorar con estos 8 nuevos hospitales, muy al contrario, empeorará. No olvidemos que van a cerrarse 2.000 camas de los actuales hospitales.
Estos hospitales suponen un peligro para nuestra salud como pacientes y usuarios. Estudios internacionales muestranque: existe mayor riesgo de muerte al ser atendido en un hospital con fines lucrativos, que en uno público.
Gran Bretaña: proceso similar, desde 1997, al que el PP está realizando en Madrid: cierre de hospitales públicos y apertura de privados. El proceso ha disparado las infecciones hospitalarias (las limpiadoras se han reducido a la mitad) que, en 2005, afectaron a 500.000 pacientes –un 10% de los ingresos en hospitales de agudos-, provocando la muerte de 5.000 personas y con unos costes adicionales de 1 billón de libras al año.
La privatización ha empujado a muchos médicos a emigrar, hasta el punto que un 20% de enfermos de cancer de Gran Bretaña no pueden ser tratados eficazmente a tiempo debido a la escasez de oncólogos.
Canadá: Transformación de hospitales públicos en concesiones privadas. Un estudio demostró que si todos los hospitales públicos canadienses fueran transformados en hospitales con fines lucrativos (como las concesiones de Madrid), se producirían 2.200 muertes más al año de las que se producen en la actualidad.
EEUU: Estudios –de 1982 y 1995- sobre 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes, concluyeron mayoritariamente que, el riesgo de muerte era significativamente mayor en los hospitales con fines lucrativos. También demostraron que los índices de mortalidad son superiores en centros de diálisis con fines lucrativos.
Otra investigación, con datos de 1,6 millones de niños de 243 hospitales, demostró igualmente que la mortalidad perinatal era superior en los hospitales privados lucrativos, que en los no lucrativos.
La Universidad de Pensilvania cuantificó en 20.000 el número de fallecidos en EEUU por haber sido atendidos en centros privados con escaso número de enfermeras.
¿Cuáles son algunas de las razones para que los hospitales privados lucrativos sean tan peligrosos?
Tienen que asegurar beneficios para sus accionistas (debiendo garantizarles unos beneficios anuales del 10-15 % de lo invertido), por lo que limitan la cantidad y la calidad de los cuidados sanitarios.
Reducen sus plantillas para tener más ganancias -menos médicos, enfermeras y otro tipo de personal por cama- (estudios internacionales demuestran que las diferencias de mortalidad entre hospitales públicos y privados comienzan a reducirse cuando se va igualando el número de trabajadores).
Una parte muy importante de sus gastos se dedica a pagar los altos sueldos de sus directivos y los gastos en burocracia administrativa son superiores.
DIFERENCIAS ENTRE CENTROS SANITARIOS
Ø PUBLICO Lo que importa es la salud y la calidad.
Ø PRIVADO Lo que importa son los beneficios.
Ø PUBLICO Atiende a todos por igual.
Ø PRIVADO Selecciona los pacientes rentables y desecha a los que no lo son (ancianos, crónicos, ..).
Ø PUBLICO El personal cobra el salario establecido.
Ø PRIVADO El personal cobra por recortar gastos, limitar ingresos, adelantar las altas , …
Ø PUBLICO Mejores resultados para la salud.
Ø PRIVADO Mayor riesgo de muerte.
Y, además, los hospitales que el PP va a construir en Madrid son mucho más caros que si fueran públicos: El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, con 809 camas, costará 1.200 millones de euros, mientras que el nuevo Hospital Central de Asturias, de financiación pública, con 1.039 camas -230 más- costará 350 millones de euros.
Esquema similar al utilizado en la financiación de la autovía M-45. Pagaremos 1.670 millones de euros por una obra que a las constructoras les costó sólo 487. A los dos años y medio de su inauguración, las constructoras ya habían recuperado 204 millones, es decir, el 42 % de lo invertido. Por ese precio podrían haberse construido 3 autovías semejantes.
PERO AHORA ESTAMOS HABLANDO DE LA SALUD.
¿Qué tipo de gente no tiene en consideración la vida o la muerte de las personas?
20121229
¿En qué afecta a los médicos la gestión privada de la sanidad?
El que mejor trabaja gana más pasta en la privada. Lo que pasa que en la
privada "trabajar mejor" significa hacer ganar más pasta a la empresa,
por encima de la salud de los pacientes.
El Imparcial: Noticias: ¿En qué afecta a los médicos la gestión privada de la sanidad?
Los médicos especialistas de Madrid han decidido poner fin a unas huelgas que, según algunos cálculos, eleva a más de 40.000 las consultas anuladas. Esto no supone una rendición porque ya han advertido de que no pararán “ni para coger impulso” en defensa de sus reivindicaciones. Pero, ¿por qué, cómo afecta realmente al médico, al profesional sanitario, depender de un modelo público o privado de gestión?
Un mes después, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha puesto fin a la huelga indefinida que mantenía contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud públicos. Unos lo celebran, e incluso pueden pensar que se han apuntado un tanto, pero los profesionales de la sanidad advierten de que están dispuestos a acudir a los tribunales en defensa de sus reivindicaciones.
Los médicos no se rinden, han anunciado una nueva estrategia de movilizaciones con más huelgas en enero y han creado grupos de trabajo para “denunciar la amenaza” que supone, en su opinión, la externalización sobre la calidad del sistema sanitario madrileño. Pero, ¿por qué, cómo afecta realmente al médico, al profesional sanitario, depender de un modelo público o privado de gestión?
Sobre lo que realmente puede inquietar o no al profesional sanitario el cambio de un modelo de gestión público a otro privado, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, ha afirmado a EL IMPARCIAL que lo tiene claro: “Lo que afecta fundamentalmente a los profesionales es la relación laboral con la administración o con la empresa adjudicataria, pues pasaría de ser una relación estatutaria (con estatuto propio, aprobado por ley con normas en todo el estado español) a laborales contratados sin la garantía de la selección mediante pruebas de igualdad, mérito y capacidad”.
"Amiguismo"
Añade que “en este caso, la contratación podría ser de “amiguitos” o a quien se quiera, pues no estaría sujeta al mandato constitucional de cualquier empleado público. La relación laboral estaría sujeta a normativas diferentes a los estatutos de los trabajadores”.
Por el contrario, el director de Operaciones de Capio, Juan Carlos González Acebes, ha explicado que el grado de satisfacción del personal sanitario en sus centros es elevado y destaca que “el cambio en la condición laboral del facultativo, de personal estatutario a una relación laboral, no tiene ninguna incidencia en el trato y la atención al paciente”. Añade que Capio estimula la productividad del personal que trabaja en sus centros por medio de una remuneración ligada al esfuerzo y cumplimiento de objetivos.
En este sentido, González Acebes ha valorado que los profesionales que trabajan en sus centros privados “se sienten reconocidos y tienen total libertad para ejercer su profesión de acuerdo a sus principios rectores” y concluye: “El 95% de los sanitarios de nuestros centros han trabajado previamente en centros de gestión pública y mantienen los mismos estándares de calidad e independencia”.
No se cumplen los requisitos: menos personal
No se muerde la lengua el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, que ha insistido en que el profesional sanitario se va a ver perjudicado con un modelo de gestión privada, ya que, por lo general, el personal se ve reducido en casi la mitad en los centros de gestión privada.
Preguntado sobre si no están obligados a cumplir unos requisitos mínimos de personal tanto en un centro público como en uno privado, Sánchez Bayle se lamenta: “En principio debería ser así, pero en la práctica la verdad es que esos requisitos no suelen cumplirse. Lo que se conoce hasta ahora es que la parte no sanitaria de estos hospitales, los que ahora se quieren privatizar del todo, es que los requisitos técnicos de personal, celador o administrativo se incumplen de manera bastante sistemática y están por debajo de lo acordado”.
“Y esto —concluye— es el siguiente asunto, si la administración tiene que estar encima del empresario privado para controlar cómo funciona, eso también tiene un coste. El dinero para un sistema de inspectores tiene salir de algún sitio y eso también encarece el sistema”.
“El que mejor trabaja, gana más dinero”
Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez Jover, recuerda que el objetivo cuando se gestiona de forma privada un hospital público es fidelizar a los pacientes de su población protegida y ser atractivos para todos los madrileños que deseen acudir a su centro, algo que, destaca, “no se consigue limitando los medios materiales o profesionales, sino todo lo contrario”.
Por ese motivo, hace especial hincapié en que “los profesionales que trabajan en el Hospital Universitario de Torrejón se benefician de una filosofía asistencial en la que se premia a aquel profesional que mejor atención presta a los pacientes”. Martínez Jover es muy claro en su conclusión: “El que más y mejor trabaja, gana más dinero”.
El Imparcial: Noticias: ¿En qué afecta a los médicos la gestión privada de la sanidad?
Los médicos especialistas de Madrid han decidido poner fin a unas huelgas que, según algunos cálculos, eleva a más de 40.000 las consultas anuladas. Esto no supone una rendición porque ya han advertido de que no pararán “ni para coger impulso” en defensa de sus reivindicaciones. Pero, ¿por qué, cómo afecta realmente al médico, al profesional sanitario, depender de un modelo público o privado de gestión?
Un mes después, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha puesto fin a la huelga indefinida que mantenía contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud públicos. Unos lo celebran, e incluso pueden pensar que se han apuntado un tanto, pero los profesionales de la sanidad advierten de que están dispuestos a acudir a los tribunales en defensa de sus reivindicaciones.
Los médicos no se rinden, han anunciado una nueva estrategia de movilizaciones con más huelgas en enero y han creado grupos de trabajo para “denunciar la amenaza” que supone, en su opinión, la externalización sobre la calidad del sistema sanitario madrileño. Pero, ¿por qué, cómo afecta realmente al médico, al profesional sanitario, depender de un modelo público o privado de gestión?
Sobre lo que realmente puede inquietar o no al profesional sanitario el cambio de un modelo de gestión público a otro privado, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, ha afirmado a EL IMPARCIAL que lo tiene claro: “Lo que afecta fundamentalmente a los profesionales es la relación laboral con la administración o con la empresa adjudicataria, pues pasaría de ser una relación estatutaria (con estatuto propio, aprobado por ley con normas en todo el estado español) a laborales contratados sin la garantía de la selección mediante pruebas de igualdad, mérito y capacidad”.
"Amiguismo"
Añade que “en este caso, la contratación podría ser de “amiguitos” o a quien se quiera, pues no estaría sujeta al mandato constitucional de cualquier empleado público. La relación laboral estaría sujeta a normativas diferentes a los estatutos de los trabajadores”.
Por el contrario, el director de Operaciones de Capio, Juan Carlos González Acebes, ha explicado que el grado de satisfacción del personal sanitario en sus centros es elevado y destaca que “el cambio en la condición laboral del facultativo, de personal estatutario a una relación laboral, no tiene ninguna incidencia en el trato y la atención al paciente”. Añade que Capio estimula la productividad del personal que trabaja en sus centros por medio de una remuneración ligada al esfuerzo y cumplimiento de objetivos.
En este sentido, González Acebes ha valorado que los profesionales que trabajan en sus centros privados “se sienten reconocidos y tienen total libertad para ejercer su profesión de acuerdo a sus principios rectores” y concluye: “El 95% de los sanitarios de nuestros centros han trabajado previamente en centros de gestión pública y mantienen los mismos estándares de calidad e independencia”.
No se cumplen los requisitos: menos personal
No se muerde la lengua el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, que ha insistido en que el profesional sanitario se va a ver perjudicado con un modelo de gestión privada, ya que, por lo general, el personal se ve reducido en casi la mitad en los centros de gestión privada.
Preguntado sobre si no están obligados a cumplir unos requisitos mínimos de personal tanto en un centro público como en uno privado, Sánchez Bayle se lamenta: “En principio debería ser así, pero en la práctica la verdad es que esos requisitos no suelen cumplirse. Lo que se conoce hasta ahora es que la parte no sanitaria de estos hospitales, los que ahora se quieren privatizar del todo, es que los requisitos técnicos de personal, celador o administrativo se incumplen de manera bastante sistemática y están por debajo de lo acordado”.
“Y esto —concluye— es el siguiente asunto, si la administración tiene que estar encima del empresario privado para controlar cómo funciona, eso también tiene un coste. El dinero para un sistema de inspectores tiene salir de algún sitio y eso también encarece el sistema”.
“El que mejor trabaja, gana más dinero”
Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez Jover, recuerda que el objetivo cuando se gestiona de forma privada un hospital público es fidelizar a los pacientes de su población protegida y ser atractivos para todos los madrileños que deseen acudir a su centro, algo que, destaca, “no se consigue limitando los medios materiales o profesionales, sino todo lo contrario”.
Por ese motivo, hace especial hincapié en que “los profesionales que trabajan en el Hospital Universitario de Torrejón se benefician de una filosofía asistencial en la que se premia a aquel profesional que mejor atención presta a los pacientes”. Martínez Jover es muy claro en su conclusión: “El que más y mejor trabaja, gana más dinero”.
Sanidad: Por qué he hecho huelga.
Sanidad: Por qué he hecho huelga.
Lo primero: Tengo la edad suficiente como para poder juzgar las cosas con cierta perspectiva, también tengo un contrato como laboral fijo adquirido mediante concurso-oposición tras seis años de contratos temporales y he aprendido lo suficiente como para encontrar un trabajo en España o en el extranjero si fuese necesario. De hecho, he tenido alguna oferta sin haberla solicitado.
Soy y me siento español, siempre he criticado a los que abandonan su país cuando las cosas se ponen feas, en vez de quedarse y luchar por arreglarlas, aunque comprendo al que es más egoista, o cobarde, o no tiene otra opción, y prefiere huir.
Hasta ahora pensaba que la huelga de un servicio público es el peor modo de intentar arreglar algo, porque acaban pagando el pato los que no tienen culpa de nada, pero el uno de noviembre ocurrió algo que trastocó mis esquemas y convicciones, la Comunidad de Madrid anunció que iba a privatizar la gestión de numerosos hospitales públicos.
He sido y soy un ferviente defensor de la Sanidad Pública. No lo era cuando tenía veinte años, porque creía que la iniciativa privada conseguía los objetivos más rápido y más barato, pero la vida me ha ido enseñando que eso es una falacia. A lo largo de los años he visto padres que traían en un taxi a sus hijos recién nacidos en la privada, porque allí no había medios para atenderlos. He visto pacientes que se trasladaban desde una UVI privada porque su seguro sólo les cubría treinta días de estancia, ni uno más. He visto anestesistas diciéndole a una auxiliar que vigilase los monitores, que él se iba a aparcar bien el coche, eso me resultó inconcebible desde mi experiencia en la pública. He visto a cirujanos interrumpir una intervención porque era la hora en que la Clínica obsequiaba al personal de quirófano con una cervecita y unas almendras... He visto en la privada cosas inconcebibles, pero eso si, la mayoría de los pacientes muy contentos porque tenían habitación individual con televisión.
La Sanidad Pública no es perfecta, hay mucha burocracia, mala hostelería, hay vagos que dejan todo el trabajo a sus compañeros, hay médicos mediocres... pero también hay gente trabajadora hasta la extenuación, gente con moral y principios, gente brillante que disfruta con su trabajo, hay medios materiales (por lo menos hasta ahora) y si no los hay, se traslada al paciente a donde los haya. En la Sanidad Pública no se mira la cuenta corriente del paciente, ni que tipo de seguro tiene, si no le corresponde ser atendido por algún asunto administrativo, ya se peleará después con la administración, pero primero se le atiende.
En la sanidad privada, sólo te ve tu médico, porque es el que cobra. Si has elegido mal, o te ha tocado uno malo, te aguantas. En la pública tienes un médico, pero como nadie cobra por ti, te ven muchos más, el de guardia, el que sustituye al que libra, otro especialista llamado en consulta... siempre tienes la oportunidad de que alguno de ellos sea bueno, y ese te salva.
La Sanidad Pública no mira cuanto dinero va a obtener de ti, intenta tratarte del modo menos costoso posible, incluso del más costoso, si es necesario. En España ningún enfermo ha muerto por falta de dinero, como si ocurre en USA, donde sólo te dializan si presentas aval bancario, o pagas tu tratamiento por adelantado.
Pues bien, el uno de noviembre, el treinta y uno de octubre para ser más exactos, la Comunidad de Madrid vino a comunicar que el objetivo de la Sanidad ya no es curar enfermos, o aliviar al que no pueda ser curado. El nuevo objetivo de la Sanidad es ahorrar dinero en tratamientos, ingresos y sueldos, de modo que unos gestores privados puedan obtener beneficios.
Ante eso, toda persona con principios debe hacer todo lo que está en su mano para protestar. Comenzamos con manifestaciones, multitudinarias, pero sin el menor resultado. Se hicieron encierros, concentraciones, cartas de protesta... nada. Se convocó huelga. La huelga perjudica a los pacientes y nos hace perder dinero, ¿pero que otra medida quedaba para hacer oír?
Hemos hecho todo lo posible, hasta algo tan desagradable y perjudicial como la huelga, no hemos conseguido nada, pero nos queda algo que en el futuro, cuando la gente comprenda lo que ha perdido, nos consolará: Hicimos todo lo que pudimos por evitarlo.
Nos acusan de defender nuestros "privilegios", es decir, condiciones laborales que se negociaron a lo largo de años, de defender nuestros sueldos, como si no lo hiciesen todos los trabajadores, de ir a la privada a trabajar... yo hace años que lo dejé, por principios sobre todo, porque no estaba dispuesto a hacer en la privada lo que jamás habría hecho en la pública. En cualquier caso, cada uno es libre de hacer en su tiempo libre lo que quiera, mientras cumpla en su trabajo.
Nos bajaron el sueldo, nos aumentaron el horario, despidieron a compañeros... pero no hicimos huelga, no mezclamos a los pacientes en nuestros asuntos laborales.
Pero la privatización no es una asunto laboral. Es cambiar la organización sanitaria de nuestro país hacia algo mucho peor, hacia la obtención de beneficios y dividendos, sin que al pueblo se le haya hecho la menor consulta.
Los sanitarios hemos hecho, solos, lo que hemos podido. Ahora es el pueblo quien tiene que hablar.
Lo primero: Tengo la edad suficiente como para poder juzgar las cosas con cierta perspectiva, también tengo un contrato como laboral fijo adquirido mediante concurso-oposición tras seis años de contratos temporales y he aprendido lo suficiente como para encontrar un trabajo en España o en el extranjero si fuese necesario. De hecho, he tenido alguna oferta sin haberla solicitado.
Soy y me siento español, siempre he criticado a los que abandonan su país cuando las cosas se ponen feas, en vez de quedarse y luchar por arreglarlas, aunque comprendo al que es más egoista, o cobarde, o no tiene otra opción, y prefiere huir.
Hasta ahora pensaba que la huelga de un servicio público es el peor modo de intentar arreglar algo, porque acaban pagando el pato los que no tienen culpa de nada, pero el uno de noviembre ocurrió algo que trastocó mis esquemas y convicciones, la Comunidad de Madrid anunció que iba a privatizar la gestión de numerosos hospitales públicos.
He sido y soy un ferviente defensor de la Sanidad Pública. No lo era cuando tenía veinte años, porque creía que la iniciativa privada conseguía los objetivos más rápido y más barato, pero la vida me ha ido enseñando que eso es una falacia. A lo largo de los años he visto padres que traían en un taxi a sus hijos recién nacidos en la privada, porque allí no había medios para atenderlos. He visto pacientes que se trasladaban desde una UVI privada porque su seguro sólo les cubría treinta días de estancia, ni uno más. He visto anestesistas diciéndole a una auxiliar que vigilase los monitores, que él se iba a aparcar bien el coche, eso me resultó inconcebible desde mi experiencia en la pública. He visto a cirujanos interrumpir una intervención porque era la hora en que la Clínica obsequiaba al personal de quirófano con una cervecita y unas almendras... He visto en la privada cosas inconcebibles, pero eso si, la mayoría de los pacientes muy contentos porque tenían habitación individual con televisión.
La Sanidad Pública no es perfecta, hay mucha burocracia, mala hostelería, hay vagos que dejan todo el trabajo a sus compañeros, hay médicos mediocres... pero también hay gente trabajadora hasta la extenuación, gente con moral y principios, gente brillante que disfruta con su trabajo, hay medios materiales (por lo menos hasta ahora) y si no los hay, se traslada al paciente a donde los haya. En la Sanidad Pública no se mira la cuenta corriente del paciente, ni que tipo de seguro tiene, si no le corresponde ser atendido por algún asunto administrativo, ya se peleará después con la administración, pero primero se le atiende.
En la sanidad privada, sólo te ve tu médico, porque es el que cobra. Si has elegido mal, o te ha tocado uno malo, te aguantas. En la pública tienes un médico, pero como nadie cobra por ti, te ven muchos más, el de guardia, el que sustituye al que libra, otro especialista llamado en consulta... siempre tienes la oportunidad de que alguno de ellos sea bueno, y ese te salva.
La Sanidad Pública no mira cuanto dinero va a obtener de ti, intenta tratarte del modo menos costoso posible, incluso del más costoso, si es necesario. En España ningún enfermo ha muerto por falta de dinero, como si ocurre en USA, donde sólo te dializan si presentas aval bancario, o pagas tu tratamiento por adelantado.
Pues bien, el uno de noviembre, el treinta y uno de octubre para ser más exactos, la Comunidad de Madrid vino a comunicar que el objetivo de la Sanidad ya no es curar enfermos, o aliviar al que no pueda ser curado. El nuevo objetivo de la Sanidad es ahorrar dinero en tratamientos, ingresos y sueldos, de modo que unos gestores privados puedan obtener beneficios.
Ante eso, toda persona con principios debe hacer todo lo que está en su mano para protestar. Comenzamos con manifestaciones, multitudinarias, pero sin el menor resultado. Se hicieron encierros, concentraciones, cartas de protesta... nada. Se convocó huelga. La huelga perjudica a los pacientes y nos hace perder dinero, ¿pero que otra medida quedaba para hacer oír?
Hemos hecho todo lo posible, hasta algo tan desagradable y perjudicial como la huelga, no hemos conseguido nada, pero nos queda algo que en el futuro, cuando la gente comprenda lo que ha perdido, nos consolará: Hicimos todo lo que pudimos por evitarlo.
Nos acusan de defender nuestros "privilegios", es decir, condiciones laborales que se negociaron a lo largo de años, de defender nuestros sueldos, como si no lo hiciesen todos los trabajadores, de ir a la privada a trabajar... yo hace años que lo dejé, por principios sobre todo, porque no estaba dispuesto a hacer en la privada lo que jamás habría hecho en la pública. En cualquier caso, cada uno es libre de hacer en su tiempo libre lo que quiera, mientras cumpla en su trabajo.
Nos bajaron el sueldo, nos aumentaron el horario, despidieron a compañeros... pero no hicimos huelga, no mezclamos a los pacientes en nuestros asuntos laborales.
Pero la privatización no es una asunto laboral. Es cambiar la organización sanitaria de nuestro país hacia algo mucho peor, hacia la obtención de beneficios y dividendos, sin que al pueblo se le haya hecho la menor consulta.
Los sanitarios hemos hecho, solos, lo que hemos podido. Ahora es el pueblo quien tiene que hablar.
20121228
Los recortes en la sanidad pública, otra vez
(Este artículo es una versión modificada de un artículo publicado en El Plural, el día 14 de noviembre de 2011).
Los recortes en la sanidad pública, otra vez
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 28 de diciembre de 2012
Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.
La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.
Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.
En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).
La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento
Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.
Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.
Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.
Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes
Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.
La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.
El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada
Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.
El copago no es la solución
El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.
¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.
Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.
La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.
Los recortes en la sanidad pública, otra vez
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 28 de diciembre de 2012
Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.
La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.
Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.
En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).
La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento
Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.
Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.
Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.
Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes
Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.
La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.
El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada
Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.
El copago no es la solución
El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.
¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.
Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.
La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.
Dimiten de las comisiones más de 150 médicos, en Madrid
La lista de dimisiones en la sanidad
madrileña sigue engrosando y parece no tener fin. Las últimas renuncias
masivas se produjeron ayer cuando más de 150 profesionales sanitarios
anunciaron su dimisión en bloque de las comisiones y juntas técnicas de
los hospitales en protesta por el plan del Gobierno regional de
privatizar la gestión de 27 centros de salud y seis hospitales. Una
medida aprobada ayer en la Asamblea de Madrid con los únicos votos del
PP.
Con este gesto los médicos pretenden escenificar la «ruptura de la relación de confianza» con la Consejería de Sanidad, según explicó la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas. Estas dimisiones afectan a todos los grupos de asesoramiento de los hospitales salvo a las de tumores y la de docencia. Es una medida más de presión que se suma a los 120 equipos directivos de los centros de salud que ya presentaron su dimisión.
Además, desde AFEM anunciaron que no asistirán a la reunión prevista para hoy con la Consejería de Sanidad por considerarla «no razonable» después de que el polémico plan fuese aprobado sin recoger ninguna de las propuestas de los profesionales.
Tras cinco semanas de huelga, la AFEM decidió poner fin a los paros tras la aprobación de la privatización, pero acordaron continuar la lucha a través de los tribunales «denunciando posibles irregularidades en la privatización de los hospitales».
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, criticó duramente a los médicos por las cinco semanas de huelga en las que se han cancelado, según sus datos, unas 6.000 operaciones quirúrgicas. González acusó a los facultativos de «perjudicar» a los ciudadanos con su actitud. «¿Por qué no les operan hoy? No les operan porque no quieren operarles, así de claro», explicó González en una rueda de prensa.
Con este gesto los médicos pretenden escenificar la «ruptura de la relación de confianza» con la Consejería de Sanidad, según explicó la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas. Estas dimisiones afectan a todos los grupos de asesoramiento de los hospitales salvo a las de tumores y la de docencia. Es una medida más de presión que se suma a los 120 equipos directivos de los centros de salud que ya presentaron su dimisión.
Además, desde AFEM anunciaron que no asistirán a la reunión prevista para hoy con la Consejería de Sanidad por considerarla «no razonable» después de que el polémico plan fuese aprobado sin recoger ninguna de las propuestas de los profesionales.
Tras cinco semanas de huelga, la AFEM decidió poner fin a los paros tras la aprobación de la privatización, pero acordaron continuar la lucha a través de los tribunales «denunciando posibles irregularidades en la privatización de los hospitales».
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, criticó duramente a los médicos por las cinco semanas de huelga en las que se han cancelado, según sus datos, unas 6.000 operaciones quirúrgicas. González acusó a los facultativos de «perjudicar» a los ciudadanos con su actitud. «¿Por qué no les operan hoy? No les operan porque no quieren operarles, así de claro», explicó González en una rueda de prensa.
20121227
Y ahora las constructoras también se encargan de nuestra salud
Y ahora las constructoras también se encargan de nuestra salud - madrilonia | blog de noticias sobre madrid
Las mismas constructoras que se enriquecieron en el boom inmobiliario construyen y gestionan servicios no sanitarios de siete hospitales de Madrid. ¿Nunca tienen suficiente? Las constructoras no son tontas, como hemos podido ver (tienen beneficios hasta en época de crisis), así que es obvio que si están gestionando los hospitales será porque es un buen negocio, es decir, esperan tener sustanciosos beneficios. Y así lo expuso el entonces consejero de sanidad, Juan José Güemes,[1] al presentar el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, en el hotel Ritz (!), a un auditorio de empresarios y aseguradoras, que habían pagado 1.200€ el cubierto, con el lema «Aproveche las oportunidades de negocio».
¿Nos costarán menos los hospitales construidos y gestionados por las constructoras? La respuesta es no y lo cierto es que nos costarán más. Hasta ahora, la administración pública sacaba a concurso la construcción de un hospital y acabada la obra, se encargaba de su gestión. Ahora, se saca a concurso una concesión de obra pública, por el que la empresa construye el hospital, gestiona servicios no clínicos y explota las zonas comerciales (que incluyen el parking, la cafetería y demás tiendas) y la Administración le paga una cuota o canon anual durante 30 años. Si sumamos el canon que pagamos durante los 30 años resulta una cantidad mucho mayor de lo que hubiera costado construirlo y gestionarlo por la forma tradicional. Por ejemplo, la construcción y equipamiento básico de los ocho nuevos hospitales de propiedad privada, costó alrededor de 840 millones de euros, por lo que con los pagos realizados durante estos cinco años, las empresas han recuperado ya el 92 % de lo invertido. Los contratos vencen en 2037 (aunque pueden ser prorrogados otros 30 años más), por lo que la inversión es inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes. Hasta 2011 habremos pagado 776 millones de euros, cantidad con la que se podrían haber construido siete de los nuevos hospitales (Vallecas, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Aranjuez y Puerta de Hierro-Majadahonda supusieron unos 770 millones), que ahora serían centros completamente públicos, como denuncia CAS-Madrid.[2] También Ana González, secretaria de Política Social de CCOO señala este diferencial: la construcción de siete de los nuevos hospitales ha costado 650 millones de euros y la Comunidad habrá pagado al final de los 30 años de concesión 3.750 millones, unas seis veces más.[3]
Las empresas alegan que tienen que gestionar también los servicios no sanitarios (limpieza, mantenimiento…) pero, ¡oh, sorpresa! las propias constructoras tienen ramas de empresas de servicios que pueden desempeñar esas funciones. Y además, al llevarse los beneficios del parking,[4] cafetería y tiendas están ganando un canon extra encubierto. No salen las cuentas.
La financiación privada de las inversiones evita la aparición de deuda pública, ya que se traslada a otro capítulo de gasto, pero no se traduce en ventaja para los contribuyentes. Lo que ofrece este modelo no es más que un conjunto de mecanismos que altera el tiempo de los pagos y los flujos de beneficios. El hecho de que el sector privado adelante la financiación no ofrece a la administración «dinero nuevo». Recurrir a ella es una decisión política que poco tiene que ver con el gasto público, con el control del mismo o con sus límites, si no con la voluntad de hacer mayoritaria la gestión privada de la sanidad, convertir la sanidad en un negocio. Los que, de hecho, salen ganando son los directivos, los asesores financieros, los consultores, los abogados, los grandes bancos y las empresas que están compitiendo entre sí por llevarse los recursos públicos. Se garantiza a compañías privadas, muy afectadas por el hundimiento de los sectores más especulativos, rentabilidades superiores a la media del mercado durante muchos años. Por no hablar de la corrupción potencial, como se está viendo en la investigación en relación con las tramas de corrupción vinculadas al PP de la CAM: Hispánica S.A., que forma parte de la UTE a la que se adjudica la construcción del hospital de Aranjuez,[5] y Begar Construcciones y Contratas, que forma parte de la UTE a la que se adjudica el hospital de Vallecas.[6]
¿Podría ser peor que pagar más de lo necesario mientras hablan de recortes? Sí, que se deje de invertir en los hospitales públicos para pagar estos cánones inflados, justo lo que está haciendo la CAM. Sí, que la subcontratación de esas empresas de menos personal de limpieza aumente las infecciones hospitalarias. Todavía hay algo peor que enriquecer a las constructoras a costa de los contribuyentes. Poner en riesgo nuestra salud, deteriorando la calidad del sistema sanitario.
Las mismas constructoras que se enriquecieron en el boom inmobiliario construyen y gestionan servicios no sanitarios de siete hospitales de Madrid. ¿Nunca tienen suficiente? Las constructoras no son tontas, como hemos podido ver (tienen beneficios hasta en época de crisis), así que es obvio que si están gestionando los hospitales será porque es un buen negocio, es decir, esperan tener sustanciosos beneficios. Y así lo expuso el entonces consejero de sanidad, Juan José Güemes,[1] al presentar el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, en el hotel Ritz (!), a un auditorio de empresarios y aseguradoras, que habían pagado 1.200€ el cubierto, con el lema «Aproveche las oportunidades de negocio».
¿Nos costarán menos los hospitales construidos y gestionados por las constructoras? La respuesta es no y lo cierto es que nos costarán más. Hasta ahora, la administración pública sacaba a concurso la construcción de un hospital y acabada la obra, se encargaba de su gestión. Ahora, se saca a concurso una concesión de obra pública, por el que la empresa construye el hospital, gestiona servicios no clínicos y explota las zonas comerciales (que incluyen el parking, la cafetería y demás tiendas) y la Administración le paga una cuota o canon anual durante 30 años. Si sumamos el canon que pagamos durante los 30 años resulta una cantidad mucho mayor de lo que hubiera costado construirlo y gestionarlo por la forma tradicional. Por ejemplo, la construcción y equipamiento básico de los ocho nuevos hospitales de propiedad privada, costó alrededor de 840 millones de euros, por lo que con los pagos realizados durante estos cinco años, las empresas han recuperado ya el 92 % de lo invertido. Los contratos vencen en 2037 (aunque pueden ser prorrogados otros 30 años más), por lo que la inversión es inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes. Hasta 2011 habremos pagado 776 millones de euros, cantidad con la que se podrían haber construido siete de los nuevos hospitales (Vallecas, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Aranjuez y Puerta de Hierro-Majadahonda supusieron unos 770 millones), que ahora serían centros completamente públicos, como denuncia CAS-Madrid.[2] También Ana González, secretaria de Política Social de CCOO señala este diferencial: la construcción de siete de los nuevos hospitales ha costado 650 millones de euros y la Comunidad habrá pagado al final de los 30 años de concesión 3.750 millones, unas seis veces más.[3]
Las empresas alegan que tienen que gestionar también los servicios no sanitarios (limpieza, mantenimiento…) pero, ¡oh, sorpresa! las propias constructoras tienen ramas de empresas de servicios que pueden desempeñar esas funciones. Y además, al llevarse los beneficios del parking,[4] cafetería y tiendas están ganando un canon extra encubierto. No salen las cuentas.
La financiación privada de las inversiones evita la aparición de deuda pública, ya que se traslada a otro capítulo de gasto, pero no se traduce en ventaja para los contribuyentes. Lo que ofrece este modelo no es más que un conjunto de mecanismos que altera el tiempo de los pagos y los flujos de beneficios. El hecho de que el sector privado adelante la financiación no ofrece a la administración «dinero nuevo». Recurrir a ella es una decisión política que poco tiene que ver con el gasto público, con el control del mismo o con sus límites, si no con la voluntad de hacer mayoritaria la gestión privada de la sanidad, convertir la sanidad en un negocio. Los que, de hecho, salen ganando son los directivos, los asesores financieros, los consultores, los abogados, los grandes bancos y las empresas que están compitiendo entre sí por llevarse los recursos públicos. Se garantiza a compañías privadas, muy afectadas por el hundimiento de los sectores más especulativos, rentabilidades superiores a la media del mercado durante muchos años. Por no hablar de la corrupción potencial, como se está viendo en la investigación en relación con las tramas de corrupción vinculadas al PP de la CAM: Hispánica S.A., que forma parte de la UTE a la que se adjudica la construcción del hospital de Aranjuez,[5] y Begar Construcciones y Contratas, que forma parte de la UTE a la que se adjudica el hospital de Vallecas.[6]
¿Podría ser peor que pagar más de lo necesario mientras hablan de recortes? Sí, que se deje de invertir en los hospitales públicos para pagar estos cánones inflados, justo lo que está haciendo la CAM. Sí, que la subcontratación de esas empresas de menos personal de limpieza aumente las infecciones hospitalarias. Todavía hay algo peor que enriquecer a las constructoras a costa de los contribuyentes. Poner en riesgo nuestra salud, deteriorando la calidad del sistema sanitario.
Madrid ya puede privatizar seis hospitales y 27 centros de salud
Madrid ya puede privatizar seis hospitales y 27 centros de salud | Madrid | elmundo.es
La Comunidad de Madrid ya puede privatizar seis hospitales que se construyeron en la época de Esperanza Aguirre y un 10% de los centros de salud de la región. El Pleno de la Asamblea regional ha votado a favor de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2012, que es la que permite vender -externalizar según el PP- la gestión de estos centros sanitarios. Han votado a favor los 'populares' (69 votos) y en contra PSOE, IU y UPyD (57 votos). No ha habido público en la tribuna por orden del presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría.
Luis de Velasco (UPyD) ha pedido durante el debate el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que no ha logrado reconducir la situación y que ha provocado víctimas entre los médicos y los ciudadanos.
Libertad Martínez (IU) se ha quejado de la falta de debate y acusó al PP de hacer una Ley a la medida. Siente rabia por las personas a las que se les arrebata el sistema de salud y a los que se condena al paro con esta Ley de Acompañamiento.
Con un lenguaje duro, Antonio Carmona (PSOE) ha señalado que la aprobación de esta Ley es un "escándalo". Ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad y al presidente regional le ha dicho que está convirtiendo la política en un ataúd. También ha acusado a la Ley de ser imnoral por incluir una norma 'a la carta' del grupo de Sheldon Adelson para que se instale en la Comunidad de Madrid.
Pedro Múñoz Abrines (PP) ha señalado a la oposición de ser inmovilistas. Ha negado que se fuera a privatizar la Sanidad y ha recordado que en Andalucía hay muchos centros similares con gestión privada y la izquierda no dice nada.
Además de la externalización de la gestión sanitaria o privatización de los seis hospitales de gestión mixta de la Comunidad y de una parte de los centros de salud, la Ley permite la implantación del euro por receta. También se modifica la Ley del Juego, la liberalización del periodo de rebajas o los beneficios fiscales para los Centros de Integrales de Desarrollo (CID). Estas son las zonas donde se podrán hacer grandes inversiones, como el Casino de Eurovegas, que gozarán de beneficios fiscales.
En los pasillos Tomás Gómez, líder de los socialistas de la región, ha advertido a las empresas que vayan a pujar por la concesión que cuando lleguen al Gobierno echarán atrás la Ley que permite esta privatización. Ha declarado que González "ha enloquedido políticamente" y ha anunciado que los madrileños, con el PSOE a su cabeza, seguirán la lucha para volver a recuperar lo que se logró hace 30 años.
Gregorio Gordo (IU), también fuera de la cámara, ha destacado que el proyecto del Gobierno ha tenido una contestación social que no se recuerda en la región y ha añadido que el PP se ha empeñado en empobrecer la salud y la educación de los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid ya puede privatizar seis hospitales que se construyeron en la época de Esperanza Aguirre y un 10% de los centros de salud de la región. El Pleno de la Asamblea regional ha votado a favor de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2012, que es la que permite vender -externalizar según el PP- la gestión de estos centros sanitarios. Han votado a favor los 'populares' (69 votos) y en contra PSOE, IU y UPyD (57 votos). No ha habido público en la tribuna por orden del presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría.
Luis de Velasco (UPyD) ha pedido durante el debate el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que no ha logrado reconducir la situación y que ha provocado víctimas entre los médicos y los ciudadanos.
Libertad Martínez (IU) se ha quejado de la falta de debate y acusó al PP de hacer una Ley a la medida. Siente rabia por las personas a las que se les arrebata el sistema de salud y a los que se condena al paro con esta Ley de Acompañamiento.
Con un lenguaje duro, Antonio Carmona (PSOE) ha señalado que la aprobación de esta Ley es un "escándalo". Ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad y al presidente regional le ha dicho que está convirtiendo la política en un ataúd. También ha acusado a la Ley de ser imnoral por incluir una norma 'a la carta' del grupo de Sheldon Adelson para que se instale en la Comunidad de Madrid.
Pedro Múñoz Abrines (PP) ha señalado a la oposición de ser inmovilistas. Ha negado que se fuera a privatizar la Sanidad y ha recordado que en Andalucía hay muchos centros similares con gestión privada y la izquierda no dice nada.
Además de la externalización de la gestión sanitaria o privatización de los seis hospitales de gestión mixta de la Comunidad y de una parte de los centros de salud, la Ley permite la implantación del euro por receta. También se modifica la Ley del Juego, la liberalización del periodo de rebajas o los beneficios fiscales para los Centros de Integrales de Desarrollo (CID). Estas son las zonas donde se podrán hacer grandes inversiones, como el Casino de Eurovegas, que gozarán de beneficios fiscales.
En los pasillos Tomás Gómez, líder de los socialistas de la región, ha advertido a las empresas que vayan a pujar por la concesión que cuando lleguen al Gobierno echarán atrás la Ley que permite esta privatización. Ha declarado que González "ha enloquedido políticamente" y ha anunciado que los madrileños, con el PSOE a su cabeza, seguirán la lucha para volver a recuperar lo que se logró hace 30 años.
Gregorio Gordo (IU), también fuera de la cámara, ha destacado que el proyecto del Gobierno ha tenido una contestación social que no se recuerda en la región y ha añadido que el PP se ha empeñado en empobrecer la salud y la educación de los ciudadanos.
Dos diputados de la asamblea de Madrid jugando (en la asamblea)
Los diputados del PP Bartolomé González y María Isabel Redondo juegan una partida de Apalabrados durante el pleno.
El asunto que trataban -la privatización de la Sanidad- parece que no era importante..
Madrid da luz verde a la privatización de la gestión de la sanidad | Madrid | EL PAÍS
El asunto que trataban -la privatización de la Sanidad- parece que no era importante..
Madrid da luz verde a la privatización de la gestión de la sanidad | Madrid | EL PAÍS
20121226
La gestión privada de un hospital público de Madrid reduce plantilla
- El centro de Torrejón de Ardoz subcontrata las camas de salud mental a un hospital de la orden de San Juan de Dios
- La dirección incentiva económicamente la asistencia a nuevos pacientes sobre las revisiones de antiguos
La gestión privada del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid, 122.500 habitantes) ha reducido en un tercio la plantilla de salud mental que atiende a su población. En el centro, puesto en marcha en septiembre y gestionado entonces por Ribera Salud que vendió su participación a Sanitas el mes pasado, trabajan 12 profesionales en lugar de 18 como hacían antes de la privatización de la gestión. Es un 33% menos. Por el camino se han perdido dos psiquiatras, un enfermero, un auxiliar de clínica y otro administrativo además de uno de información, según recuentan los profesionales de la Asociación Madrileña de Salud Mental. A eso hay que sumar la falta de psiquiatras en el propio hospital que carece de este servicio in situ en el centro. Antes de la puesta en marcha del hospital de Torrejón, el centro de salud mental dependía del Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares que sí tiene esta dotación, señalan los médicos.
Ingresos en un centro a 18 kilómetros
Además, la gestora del hospital de Torrejón tiene subcontratada la hospitalización de enfermos mentales agudos al hospital Nuestra Señora de la Paz (perteneciente a la orden de San Juan de Dios) situado en Madrid capital, a más de 18 kilómetros. Torrejón alquila al menos seis camas para los pacientes que deben quedar ingresados. Hasta allí llegan desde el hospital ahora de Sanitas o desde el Príncipe de Asturias (estos últimos, si están asignados al hospital de gestión privada suponen un descuento en la factura de Torrejón por lo que, según los sanitarios de este centro, “son animados” a aceptar un traslado). El hospital de Torrejón fue sacado a concurso por la Consejería de Sanidad y en el pliego de condiciones excluyó la hospitalización de la salud mental.
Paciente nuevo a 7,92 euros. Antiguo a 3,17
La gestión privatizada del centro tiene otras peculiaridades. Según cuentan desde allí, la dirección promociona la atención a nuevos pacientes sobre las revisiones. La promociona de tal manera que incentiva económicamente a los facultativos con 7,92 euros por paciente nuevo sobre los 3,17 euros con los que valora a los ya vistos anteriormente. Los profesionales lo aducen al criterio “reducción de la demora”. Si los médicos se colocan ellos mismos nuevos pacientes en los huecos que se les abran en sus agendas, la dirección les abona 0,50 euros por esa acción.
Los sanitarios explican que con una plantilla un 33% más pequeña, el centro de salud mental tiene que atender las urgencias que antes se hacían en el hospital 100% público del Príncipe de Asturias (en Alcalá de Henares) y desplazarse al edificio del hospital para revisar a pacientes ingresados por otras patologías que también precisen atención psiquiátrica o psicológica. Si las urgencias se producen en fines de semana o por la noche, los ciudadanos asignados al hospital de Torrejón (las 136.000 cartillas son la base por la que se calcula la cuota de pago a la empresa gestora) tienen que ir hasta el hospital de Alcalá.
Esta semana se repite la tanda de huelgas sanitarias. Al paro indefinido promovido por la asociación médica AFEM se ha unido el convocado por el sindicato CSIT y el general de todos los sindicatos del sector para el 19 y 20. La petición es retirar el plan de la consejería de Sanidad para privatizar la gestión de seis hospitales y 2 centros de salud.
20121224
#QuerellaBoi sigue los pasos de 'cafeambllet' denunciando opacidades en la sanidad catalana
Noticia completa: Vozpópuli - #QuerellaBoi sigue los pasos de 'cafeambllet' denunciando opacidades en la sanidad catalana
Seis asociaciones ciudadanas catalanas han presentado una querella conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y contra su equipo de gobierno como un segundo paso en la lucha por denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el posible atentado contra los derechos de la ciudadanía. En la línea de lo que lleva años haciendo la revista 'cafeambllet', denuncian un deterioro en el derecho de protección a la salud.
Después de que la revista 'cafeambllet' saltara a los medios por sus investigaciones sobre la corrupción en la sanidad catalana, ahora toma el relevo la iniciativa #QuerellaBoi, una unión de seis asociaciones ciudadanas (La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública) que han presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y otros cargos de su equipo de Gobierno.
Ellos consideran que el conseller y su equipo podrían haber cometido delitos tipificados en el Código Penal referidos al impedimento del ejercicio de derechos cívicos como es la sanidad (artículo 542), la omisión del deber de socorro (artículo 196), el tráfico de influencias (artículo 428) y las negociaciones y actividades prohibidos para los funcionarios públicos (artículo 441).
"Los políticos están incumpliendo leyes y eso está quedando impune. Llevamos generaciones aceptando la impunidad de los políticos en este país, pero ya se acabó, no podemos seguir haciéndolo". Son las palabras de Clara Valverde, de la Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, quien el pasado día 19 acudía junto a los portavoces de las otras cinco asociaciones a presentar la querella y las firmas recogidas.
Noticia completa: Vozpópuli - #QuerellaBoi sigue los pasos de 'cafeambllet' denunciando opacidades en la sanidad catalana
Seis asociaciones ciudadanas catalanas han presentado una querella conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y contra su equipo de gobierno como un segundo paso en la lucha por denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el posible atentado contra los derechos de la ciudadanía. En la línea de lo que lleva años haciendo la revista 'cafeambllet', denuncian un deterioro en el derecho de protección a la salud.
Después de que la revista 'cafeambllet' saltara a los medios por sus investigaciones sobre la corrupción en la sanidad catalana, ahora toma el relevo la iniciativa #QuerellaBoi, una unión de seis asociaciones ciudadanas (La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública) que han presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y otros cargos de su equipo de Gobierno.
Ellos consideran que el conseller y su equipo podrían haber cometido delitos tipificados en el Código Penal referidos al impedimento del ejercicio de derechos cívicos como es la sanidad (artículo 542), la omisión del deber de socorro (artículo 196), el tráfico de influencias (artículo 428) y las negociaciones y actividades prohibidos para los funcionarios públicos (artículo 441).
"Los políticos están incumpliendo leyes y eso está quedando impune. Llevamos generaciones aceptando la impunidad de los políticos en este país, pero ya se acabó, no podemos seguir haciéndolo". Son las palabras de Clara Valverde, de la Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, quien el pasado día 19 acudía junto a los portavoces de las otras cinco asociaciones a presentar la querella y las firmas recogidas.
Noticia completa: Vozpópuli - #QuerellaBoi sigue los pasos de 'cafeambllet' denunciando opacidades en la sanidad catalana
20121223
Preguntas sin respuesta
Preguntas sin respuesta | Madrid | EL PAÍS
Médicos del hospital de La Paz han presentado a las puertas de su centro las incógnitas que genera el plan de la Comunidad para privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.
Queremos que la gente entienda por qué hacemos huelga y que sean conscientes de todas las preguntas sin responder que tiene este plan”, explicaba el 4 de diciembre, en el encierro del hospital de La Paz, uno de los médicos que ha estado organizando una de las actividades más reivindicativas de la protesta sanitaria: la pregunta al consejero —a partir de la mitad se han dirigido al presidente al dejar de considerar a Fernández-Lasquetty “interlocutor válido”—. El 5 de diciembre un grupo de sanitarios con sus batas blancas se colocaron frente a la entrada principal y mostraron carteles con letras en las que se leía la primera: “¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?”. La Comunidad de Madrid no les ha respondido. Tampoco a este diario. Las preguntas, algunas retóricas y otras de difícil respuesta, son estas. Tratamos de aclararlas:
1. ¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?
Ejemplo de pregunta retórica. Obviamente, las empresas no son ONG y siempre persiguen conseguir beneficios. Que lo hagan dependerá de su gestión. En 2011, las constructoras de los seis hospitales cuya gestión se privatizará escribieron a la Comunidad para reclamar más dinero. Pedían 80 millones extra y advertían del “colapso” de los centros en caso de no recibirlos.
2. ¿Puede confirmar que el beneficio obtenido por el hospital de gestión privada viene de los impuestos de los ciudadanos?
Los pagos que se hacen a los hospitales gestionados por empresas proceden de los presupuestos de la Comunidad.
3. ¿Puede confirmar que el beneficio de un hospital de gestión privada será mayor cuanto menos gaste por paciente atendido?
Parece evidente. La Consejería de Sanidad pagará una cápita a la empresa que gestione la actividad sanitaria del hospital. Será una cantidad fija anual por habitante. Si ese paciente tiene que someterse a un procedimiento en otro centro, o si por libre elección decide ser tratado fuera, el hospital resulta penalizado porque debe abonar a la Administración el tratamiento. El dinero sigue al paciente, como proclama desde hace años la Consejería. Al hospital de gestión privada le interesará derivar lo menos posible y evitar que se le marchen los enfermos.
4. ¿Se ha puesto algún límite a los beneficios de las empresas concesionarias? ¿Y al sueldo de sus gerentes?
Los pliegos de los concursos para adjudicar los hospitales aún no han salido. En casos previos, no existen tales límites.
5. Si las empresas concesionarias tienen pérdidas, ¿quién las rescatará? ¿Y a los pacientes?
Con el hospital de Alzira (Valencia) quedó claro que, si el negocio fracasa, la Administración se encarga de rescatarlo. Las pérdidas hicieron que la Comunidad Valenciana rescindiera el contrato de concesión a Ribera Salud y volviera a sacarlo con mejores condiciones. Lo ganó la misma adjudicataria. El hospital de Manises, con la misma gestión que quiere implantar en seis hospitales el Gobierno de Madrid, acumula pérdidas y ha pedido a la Comunidad Valenciana que mejore las condiciones del contrato.
6. ¿Por qué ninguno de los 10 mejores hospitales de EE UU están gestionados por empresas con ánimo de lucro?
Diversos estudios publicados en revistas científicas han demostrado que la calidad de la asistencia se ve mermada en centros que tienen ánimo de lucro.
7. ¿Por qué pagar 441 euros por paciente en 2013, cuando en 2012 nos han costado 347?
Los seis hospitales de gestión mixta costaron, según cálculos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a partir de los presupuestos, 347 euros por persona y año. La Consejería de Sanidad explica, sin ofrecer datos concretos ni ningún tipo de documentación, que en realidad los hospitales gastan más porque derivan a muchos pacientes a otros centros. Esa actividad no se les cobra, porque aún son públicos, pero supuestamente se hará cuando sean de gestión privada.
8. ¿Por qué los presupuestos de 2013 recortan en los hospitales de gestión pública (-18%) y aumentan en los de gestión privada (+9%)?
El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, respondió a esa cuestión en una rueda de prensa la semana pasada. Dijo que parte del aumento se debe a que el hospital de Móstoles (gestión privada) se inauguró en marzo de 2012, por lo que en 2013 se le paga el año completo. Pero hay que tener en cuenta que los contratos de hospitales como Valdemoro (gestión privada) se actualizan al IPC +2, algo que no sucede con los centros públicos, que ven mermadas sus cuentas año a año.
9. ¿Qué opinión tienen de los conflictos de intereses del director general de Hospitales y de los dos anteriores consejeros de Sanidad?
Los sanitarios se refieren a los trasvases entre Administración y empresas privadas. El director de Hospitales, Antonio Burgueño, trabajó para empresas de la sanidad privada antes de llegar al cargo. Tanto Manuel Lamela como Juan José Güemes, exconsejeros de Sanidad, tienen ahora intereses en el sector sanitario privado.
10. ¿Por qué piden 533 millones cuando recortan 60? ¿Para qué los 473 millones restantes?
La última de las diez preguntas se la han hecho también los sindicatos y el comité profesional que ha estado negociando con la Consejería de Sanidad. Es la cantidad que les exige recortar para retirar el plan de sostenibilidad que incluye las privatizaciones. Pese a que el consejero asegura que los 533 millones resultan de restar el presupuesto de 2012 del de 2013, lo cierto es que la diferencia es solo de 61 millones (de 7.172,5 este año a 7.111,5 el próximo). En rueda de prensa, Lasquetty aludió a un fondo de contingencia. Este diario solicitó los datos concretos; no le fueron facilitados.
Médicos del hospital de La Paz han presentado a las puertas de su centro las incógnitas que genera el plan de la Comunidad para privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.
Queremos que la gente entienda por qué hacemos huelga y que sean conscientes de todas las preguntas sin responder que tiene este plan”, explicaba el 4 de diciembre, en el encierro del hospital de La Paz, uno de los médicos que ha estado organizando una de las actividades más reivindicativas de la protesta sanitaria: la pregunta al consejero —a partir de la mitad se han dirigido al presidente al dejar de considerar a Fernández-Lasquetty “interlocutor válido”—. El 5 de diciembre un grupo de sanitarios con sus batas blancas se colocaron frente a la entrada principal y mostraron carteles con letras en las que se leía la primera: “¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?”. La Comunidad de Madrid no les ha respondido. Tampoco a este diario. Las preguntas, algunas retóricas y otras de difícil respuesta, son estas. Tratamos de aclararlas:
1. ¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?
Ejemplo de pregunta retórica. Obviamente, las empresas no son ONG y siempre persiguen conseguir beneficios. Que lo hagan dependerá de su gestión. En 2011, las constructoras de los seis hospitales cuya gestión se privatizará escribieron a la Comunidad para reclamar más dinero. Pedían 80 millones extra y advertían del “colapso” de los centros en caso de no recibirlos.
2. ¿Puede confirmar que el beneficio obtenido por el hospital de gestión privada viene de los impuestos de los ciudadanos?
Los pagos que se hacen a los hospitales gestionados por empresas proceden de los presupuestos de la Comunidad.
3. ¿Puede confirmar que el beneficio de un hospital de gestión privada será mayor cuanto menos gaste por paciente atendido?
Parece evidente. La Consejería de Sanidad pagará una cápita a la empresa que gestione la actividad sanitaria del hospital. Será una cantidad fija anual por habitante. Si ese paciente tiene que someterse a un procedimiento en otro centro, o si por libre elección decide ser tratado fuera, el hospital resulta penalizado porque debe abonar a la Administración el tratamiento. El dinero sigue al paciente, como proclama desde hace años la Consejería. Al hospital de gestión privada le interesará derivar lo menos posible y evitar que se le marchen los enfermos.
4. ¿Se ha puesto algún límite a los beneficios de las empresas concesionarias? ¿Y al sueldo de sus gerentes?
Los pliegos de los concursos para adjudicar los hospitales aún no han salido. En casos previos, no existen tales límites.
5. Si las empresas concesionarias tienen pérdidas, ¿quién las rescatará? ¿Y a los pacientes?
Con el hospital de Alzira (Valencia) quedó claro que, si el negocio fracasa, la Administración se encarga de rescatarlo. Las pérdidas hicieron que la Comunidad Valenciana rescindiera el contrato de concesión a Ribera Salud y volviera a sacarlo con mejores condiciones. Lo ganó la misma adjudicataria. El hospital de Manises, con la misma gestión que quiere implantar en seis hospitales el Gobierno de Madrid, acumula pérdidas y ha pedido a la Comunidad Valenciana que mejore las condiciones del contrato.
6. ¿Por qué ninguno de los 10 mejores hospitales de EE UU están gestionados por empresas con ánimo de lucro?
Diversos estudios publicados en revistas científicas han demostrado que la calidad de la asistencia se ve mermada en centros que tienen ánimo de lucro.
7. ¿Por qué pagar 441 euros por paciente en 2013, cuando en 2012 nos han costado 347?
Los seis hospitales de gestión mixta costaron, según cálculos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a partir de los presupuestos, 347 euros por persona y año. La Consejería de Sanidad explica, sin ofrecer datos concretos ni ningún tipo de documentación, que en realidad los hospitales gastan más porque derivan a muchos pacientes a otros centros. Esa actividad no se les cobra, porque aún son públicos, pero supuestamente se hará cuando sean de gestión privada.
8. ¿Por qué los presupuestos de 2013 recortan en los hospitales de gestión pública (-18%) y aumentan en los de gestión privada (+9%)?
El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, respondió a esa cuestión en una rueda de prensa la semana pasada. Dijo que parte del aumento se debe a que el hospital de Móstoles (gestión privada) se inauguró en marzo de 2012, por lo que en 2013 se le paga el año completo. Pero hay que tener en cuenta que los contratos de hospitales como Valdemoro (gestión privada) se actualizan al IPC +2, algo que no sucede con los centros públicos, que ven mermadas sus cuentas año a año.
9. ¿Qué opinión tienen de los conflictos de intereses del director general de Hospitales y de los dos anteriores consejeros de Sanidad?
Los sanitarios se refieren a los trasvases entre Administración y empresas privadas. El director de Hospitales, Antonio Burgueño, trabajó para empresas de la sanidad privada antes de llegar al cargo. Tanto Manuel Lamela como Juan José Güemes, exconsejeros de Sanidad, tienen ahora intereses en el sector sanitario privado.
10. ¿Por qué piden 533 millones cuando recortan 60? ¿Para qué los 473 millones restantes?
La última de las diez preguntas se la han hecho también los sindicatos y el comité profesional que ha estado negociando con la Consejería de Sanidad. Es la cantidad que les exige recortar para retirar el plan de sostenibilidad que incluye las privatizaciones. Pese a que el consejero asegura que los 533 millones resultan de restar el presupuesto de 2012 del de 2013, lo cierto es que la diferencia es solo de 61 millones (de 7.172,5 este año a 7.111,5 el próximo). En rueda de prensa, Lasquetty aludió a un fondo de contingencia. Este diario solicitó los datos concretos; no le fueron facilitados.
20121220
Golpe de estado sanitario en Girona?
NUEVA FORMA DE GOLPE DE ESTADO: PRIVATIZANDO LA GESTION DE LA SANIDAD PUBLICA
Golpe de estado sanitario en Girona?
by ALBANO DANTE FACHIN on 10/07/2011 · Golpe de estado sanitario en Girona? | cafeAMBllet.com
Se han sacado las máscara y parece que nada los puede detener. El nombramiento conocido este sábado del ex-alcalde de Blanes, Josep Trias (CiU) y directivo de la Corporación de Salud Maresme y La Selva (CSMS) como director territorial de Salud lo confirma: en la guerra para destruir la sanidad pública y convertirla en el negocio de unos pocos, el Gobierno de la Generalitat no tendrá miramientos de ningún tipo.
Para entender el escándalo que supone este nombramiento hay que hacer un pequeño repaso al sistema sanitario catalán. En Cataluña los servicios sanitarios están-en una parte importante-concertados. Esto quiere decir que la Generalitat ‘subcontrata’ los servicios sanitarios a diversas empresas. La Generalitat da dinero público a empresas privadas y semi-privadas a cambio de unos servicios concretos. Una vez hecha la transferencia del dinero los gestores pueden hacer y deshacer.Pero quien se ocupa de ver si los servicios que presta la empresa son de calidad? ¿Quién se ocupa de mirar con detenimiento los números de estas empresas que gestionan dinero público? ¿Quién se ocupa de ver que los gestores no hacen trampas contables para desviar dinero?¿Quién se ocupa de garantizar que los gestores no aprovechan su poder para hacer de la sanidad pública un gran negocio privado? Pues bien, a partir de ahora el responsable de hacer estas tareas es el doctor Josep Trias, quien lleva décadas siendo directivo de la CSMS.
Resumiendo: a estas alturas la Generalitat transfiere dinero público a empresas que lo gestionan con total libertad y sin ningún tipo de control efectivo y sin que el ciudadano pueda ejercer ningún tipo de control.Estas empresas privadas no sólo se hacen con los contratos sino que son ellas mismas las encargadas de controlarse.
Mientras todo esto pasa los trabajadores y usuarios de la sanidad en la zona de la CSMS se enfrentan a todo tipo de recortes. Un ejemplo: los trabajadores de la CSMS de los recortes impuestas por los compañeros del señor Trias hace tiempo que preguntan sin obtener respuesta:
¿Cuáles son los gastos de representación de la empresa? No contestan
¿Cuáles son los sueldos de los directivos y mandos de la CSMS? No contestan
¿Cuál es el gasto asociado a la gestión? No contestan
¿Cuáles son los contratos con los principales proveedores de la CSMS y sacrificios que se les ha impuesto? No contestan
¿Qué obras se han realizado y dónde están los presupuestos? No contestan
¿Cuál es el gasto e inversiones previstas en equipos informáticos? NO contestan
¿Cuál es el gasto en marketing y comunicación? No contestan
¿Cuáles son las relaciones económicas con la multinacional Consorcio Hospitalario de Cataluña y con BC Gesto? No contestan
Mientras estas preguntas son ignoradas por los directivos, los trabajadores se enfrentan a un ERE inminente y el recorte de sus derechos adquiridos durante años de lucha: adiós a los días de asuntos personales, adiós a las pagas por objetivos conseguidos. Hola a las reducciones salariales al margen del convenio o al aumento del precio del comedor de 3,5 euros.
Por su parte, los ciudadanos ven, impotentes como el recorte impulsada por estas empresas se materializa en mayor tiempo de espera en los diversos servicios, la reducción de profesionales disponibles, la falta de ambulancias, el cierre de equipamientos …
¿Quién defiende a los ciudadanos de Girona de esta situación? ¿Quién defiende a los trabajadores de la CSMS de esta situación? ¿Quién garantiza a los ciudadanos que su dinero se utilizan para enfermeras y no por grandes dispendios en marketing y sueldos millonarios? Pues el encargado de hacerlo, a partir de ahora, es el señor Josep Trias. El ciudadano ha perdido totalmente el control sobre su sistema sanitario. Si hasta ahora nuestro sistema sanitario se regía por principios democráticos, el nombramiento del doctor Trias es un golpe de estado de facto. Es la total apropiación por ciertas élites económicas de los recursos e infraestructuras que son del pueblo y que paga el pueblo.Unas élites que ganan mucho dinero y que ocultan sistemáticamente información al ciudadano.
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