Medicalización de la vida. «Etiquetas de enfermedad: todo un negocio.»
"Los ricos mueren por exceso de atención médica"
20131102
Los farmacéuticos catalanes advierten que no financiarán más medicamentos
Los farmacéuticos catalanes advierten que no financiarán más medicamentos
Los farmacéuticos catalanes han anunciado hoy que si el próximo 5 de noviembre no cobran los 416 millones de euros que les debe la Generalitat, no seguirán financiando medicamentos porque ya son 4 meses los que el Govern les ha dejado de pagar, según este colectivo.
"No se puede esperar que los farmacéuticos asuman una responsabilidad que no es nuestra", ha afirmado el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases.
Dalmases ha declarado que si en el próximo consejo de ministros no se llega a un acuerdo para que la Generalitat de Cataluña pueda hacer frente a los pagos, el colectivo de farmacéuticos pedirá explicaciones al conseller de Salud, Boi Ruiz, para que sea éste el que les diga cómo proceder.
"No puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala -ha sentenciado Dalmases- no pienso dar el gusto a aquel que debe tomar la decisión; que lo diga el que tiene la responsabilidad de la prestación", ha señalado en referencia a las posibles consecuencias que tendrá la decisión de los farmacéuticos.
"¿Estamos poniendo la sanidad y la salud de los ciudadanos en juego por cuestiones políticas?", ha cuestionado Dalmases, que ha asegurado que los problemas entre administraciones no pueden afectar a un colectivo, especialmente dado que "nadie" puede decir a los farmacéuticos catalanes que no han hecho nada por salvar la situación.
No obstante, Dalmases no ha querido explicar de qué manera afectará esta decisión a los usuarios o qué estrategia seguirán en caso que el conseller Boi Ruiz no proponga soluciones porque, ha dicho, los colegiados todavía tienen que reunirse para tomar una decisión.
La Generalitat tiene un impago respecto a los meses de noviembre y diciembre de 2012 y al mes de mayo de 2013, al que se sumaría octubre de 2013 si el próximo día 5 no se procede al pago de los 309 millones que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores.
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeudaba la Generalitat hasta ahora porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores.
Los farmacéuticos catalanes han anunciado hoy que si el próximo 5 de noviembre no cobran los 416 millones de euros que les debe la Generalitat, no seguirán financiando medicamentos porque ya son 4 meses los que el Govern les ha dejado de pagar, según este colectivo.
"No se puede esperar que los farmacéuticos asuman una responsabilidad que no es nuestra", ha afirmado el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases.
Dalmases ha declarado que si en el próximo consejo de ministros no se llega a un acuerdo para que la Generalitat de Cataluña pueda hacer frente a los pagos, el colectivo de farmacéuticos pedirá explicaciones al conseller de Salud, Boi Ruiz, para que sea éste el que les diga cómo proceder.
"No puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala -ha sentenciado Dalmases- no pienso dar el gusto a aquel que debe tomar la decisión; que lo diga el que tiene la responsabilidad de la prestación", ha señalado en referencia a las posibles consecuencias que tendrá la decisión de los farmacéuticos.
"¿Estamos poniendo la sanidad y la salud de los ciudadanos en juego por cuestiones políticas?", ha cuestionado Dalmases, que ha asegurado que los problemas entre administraciones no pueden afectar a un colectivo, especialmente dado que "nadie" puede decir a los farmacéuticos catalanes que no han hecho nada por salvar la situación.
No obstante, Dalmases no ha querido explicar de qué manera afectará esta decisión a los usuarios o qué estrategia seguirán en caso que el conseller Boi Ruiz no proponga soluciones porque, ha dicho, los colegiados todavía tienen que reunirse para tomar una decisión.
La Generalitat tiene un impago respecto a los meses de noviembre y diciembre de 2012 y al mes de mayo de 2013, al que se sumaría octubre de 2013 si el próximo día 5 no se procede al pago de los 309 millones que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores.
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeudaba la Generalitat hasta ahora porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores.
20131101
Güemes y Lamela, imputados penalmente por cohecho y prevaricación
una palmadita en la espalda. y para casa.. cosas que pasan en hispanistán..
Güemes y Lamela, imputados penalmente por cohecho y prevaricación
Juan José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueden considerarse ya oficialmente imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
El magistrado del Juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero, concretó este miércoles, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, las imputaciones contra la cúpula sanitaria madrileña que comenzó las privatizaciones del sector público en la región.
Marcelino Sexmero ha concretado las imputaciones en el auto, que previsiblemente se hará público este jueves, en el que responde a varios recursos de reforma interpuestos por varios de los imputados en la causa, desestimándolos.
En este documento, el magistrado, en el candelero en los últimos meses por haber archivado por ejemplo el escrache a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acota los presuntos delitos que se les imputan a los anteriores gestores de la sanidad pública madrileña.
Los recursos interpuestos contra un auto de este juez de antes de verano básicamente pedían que se concretaran las relaciones de los imputados con los delitos, porque el auto reflejaba por una parte a los imputados y por otra la lista de delitos. Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta.
Y la lista, a grandes rasgos, queda así: Manuel Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte.
Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. A caballo entre los mandatos de ambos se produjo la primera oleada privatizadora, por la que se querelló contra ellos el sindicato Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).
Los querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También se concreta las imputación de malversación de caudales públicos contra ellos.
Sexmero, que llegó a denunciar presiones de la Fiscalía, que se adhirió a los recursos de reforma interpuestos por los querellados, da respuesta así también a lo declarado hace 20 días a Europa Press.
El fiscal jefe de Madrid, el recién llegado José Javier Polo, declaraba entonces a la agencia que «la admisión de la querella puede ser cautelar, pero mientras no se concreten las conductas delictivas no procede llamar a declarar en calidad de imputados a las personas respecto a las que no se han concretado qué conducta delictiva mantienen».
Ahora, la Fiscalía ya sabe de qué se acusa a Güemes, Lamela, Burgueño y Flores, y qué indicios de delito ve el juez Sexmero en su conducta. Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.
Si este órgano revocara la decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró uno de los abogados personados en el proceso.
Sexmero, en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse, como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos.
La querella penal presentada por los facultativos cursa en orden a varios hechos que se comenzar. El primero de ellos, la puerta giratoria que ambos usaron a su salida de las instituciones. A su salida del Gobierno regional, Lamela creó una sociedad entre cuyos clientes estuvo, entre otros, Capio.
Güemes, por su parte, trabajó para Unilabs, el laboratorio que había conseguido, durante su mandato, el contrato para el recién privatizado servicio centralizado. Además, según Afem, se favoreció a las empresas en la cesión de bienes públicos en dos centros de salud, los de Quintana y Pontones, sin concretar el canon arrendaticio. También se habría orientado a pacientes desde los call center de la sanidad pública a la privada.
Por último, la querella denuncia también fraude en la llamada facturación intercentros, al derivarse a pacientes de la sanidad pública hacia la privada en los hospitales que no tenían determinadas especialidades, sin que eso afectara a las cantidades pactadas entre los dos ámbitos, produciéndose un beneficio doble.
Güemes y Lamela, imputados penalmente por cohecho y prevaricación
Juan José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueden considerarse ya oficialmente imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
El magistrado del Juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero, concretó este miércoles, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, las imputaciones contra la cúpula sanitaria madrileña que comenzó las privatizaciones del sector público en la región.
Marcelino Sexmero ha concretado las imputaciones en el auto, que previsiblemente se hará público este jueves, en el que responde a varios recursos de reforma interpuestos por varios de los imputados en la causa, desestimándolos.
En este documento, el magistrado, en el candelero en los últimos meses por haber archivado por ejemplo el escrache a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acota los presuntos delitos que se les imputan a los anteriores gestores de la sanidad pública madrileña.
Los recursos interpuestos contra un auto de este juez de antes de verano básicamente pedían que se concretaran las relaciones de los imputados con los delitos, porque el auto reflejaba por una parte a los imputados y por otra la lista de delitos. Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta.
Y la lista, a grandes rasgos, queda así: Manuel Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte.
Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. A caballo entre los mandatos de ambos se produjo la primera oleada privatizadora, por la que se querelló contra ellos el sindicato Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).
Los querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También se concreta las imputación de malversación de caudales públicos contra ellos.
Sexmero, que llegó a denunciar presiones de la Fiscalía, que se adhirió a los recursos de reforma interpuestos por los querellados, da respuesta así también a lo declarado hace 20 días a Europa Press.
El fiscal jefe de Madrid, el recién llegado José Javier Polo, declaraba entonces a la agencia que «la admisión de la querella puede ser cautelar, pero mientras no se concreten las conductas delictivas no procede llamar a declarar en calidad de imputados a las personas respecto a las que no se han concretado qué conducta delictiva mantienen».
Ahora, la Fiscalía ya sabe de qué se acusa a Güemes, Lamela, Burgueño y Flores, y qué indicios de delito ve el juez Sexmero en su conducta. Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.
Si este órgano revocara la decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró uno de los abogados personados en el proceso.
Sexmero, en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse, como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos.
La querella penal presentada por los facultativos cursa en orden a varios hechos que se comenzar. El primero de ellos, la puerta giratoria que ambos usaron a su salida de las instituciones. A su salida del Gobierno regional, Lamela creó una sociedad entre cuyos clientes estuvo, entre otros, Capio.
Güemes, por su parte, trabajó para Unilabs, el laboratorio que había conseguido, durante su mandato, el contrato para el recién privatizado servicio centralizado. Además, según Afem, se favoreció a las empresas en la cesión de bienes públicos en dos centros de salud, los de Quintana y Pontones, sin concretar el canon arrendaticio. También se habría orientado a pacientes desde los call center de la sanidad pública a la privada.
Por último, la querella denuncia también fraude en la llamada facturación intercentros, al derivarse a pacientes de la sanidad pública hacia la privada en los hospitales que no tenían determinadas especialidades, sin que eso afectara a las cantidades pactadas entre los dos ámbitos, produciéndose un beneficio doble.
20131031
La OMS advierte de que el alto desempleo juvenil en España es una emergencia para la salud mental de los jovenes
Rajoy ya ha dicho que "estamos en la senda de la recuperación"..
La OMS advierte de que el alto desempleo juvenil en España es una emergencia para la salud mental de los jovenes
El alto desempleo juvenil en España «es una emergencia sanitaria» que, si no se ataja, tendrá consecuencias para futuras generaciones, según aseguró hoy en Londres el autor de un estudio para la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las desigualdades de salud en Europa, Michael Marmot.
Marmot, director del Instituto de Equidad Sanitaria del University College de Londres, subrayó que el Gobierno español debe introducir medidas de protección social para evitar el deterioro de la generación joven, que afronta el riesgo de problemas mentales y una tasa de mortalidad más alta.
«Es urgente promulgar políticas económicas y sociales que den a estas personas un futuro», dijo el académico, que en su presentación mostró una fotografía de indignados manifestándose en las calles de Madrid.
Estas medidas incluirían, según Marmot, el fomento del empleo con formación y acceso adecuado a prácticas así como la garantía de ingresos para los parados a través de ayudas sociales.
«Me preocupa que las medidas de austeridad impuestas a España, Grecia y Portugal están aumentando el desempleo entre la población joven», incidió el académico, quien ofreció a España una receta para prevenir males mayores.
«El Gobierno español debe enfrentarse a la troika europea y decirles que dejen de imponer medidas que dañan a su población», aseveró.
«Con un 52 % de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se enfrenta a una emergencia sanitaria», declaró Marmot.
La falta de empleo, argumentó, «es muy nociva para la salud», con el efecto a corto plazo de «problemas de salud mental» así como un mayor índice de disturbios sociales.
A largo plazo, los desempleados sufren «más problemas físicos de salud», hasta el punto de que los parados tienen «un tasa de mortalidad un 20 % más alta» que las personas empleadas.
Los suicidios, «que son la punta del iceberg», aumentan de manera proporcional al desempleo, apuntó el experto.
En el caso de los jóvenes, la falta de empleo en esa edad clave «disminuye sus perspectivas de una vida mejor en el futuro, lo que a su vez repercutirá en sus hijos, que nacerán en la pobreza o con menos oportunidades».
Según el informe presentado hoy en Londres, «todos los países de Europa, ricos o pobres, pueden tomar medidas para mejorar la salud de sus poblaciones, pues es una cuestión de prioridades».
«Una pequeña intervención en los primeros años de vida de un niño, para mejorar su acceso a la educación y a un estilo de vida sano, puede tener un gran efecto, pues esa persona se desarrollará mejor en años posteriores», apuntó la directora para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab.
El informe de la OMS analiza las desigualdades de salud entre 53 países europeos y dentro de los mismos y sugiere iniciativas que los Gobiernos pueden aplicar para reducir esa brecha, como la reducción de la pobreza infantil, la mejora de la educación sanitaria o un sistema público de salud de calidad.
La OMS advierte de que el alto desempleo juvenil en España es una emergencia para la salud mental de los jovenes
El alto desempleo juvenil en España «es una emergencia sanitaria» que, si no se ataja, tendrá consecuencias para futuras generaciones, según aseguró hoy en Londres el autor de un estudio para la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las desigualdades de salud en Europa, Michael Marmot.
Marmot, director del Instituto de Equidad Sanitaria del University College de Londres, subrayó que el Gobierno español debe introducir medidas de protección social para evitar el deterioro de la generación joven, que afronta el riesgo de problemas mentales y una tasa de mortalidad más alta.
«Es urgente promulgar políticas económicas y sociales que den a estas personas un futuro», dijo el académico, que en su presentación mostró una fotografía de indignados manifestándose en las calles de Madrid.
Estas medidas incluirían, según Marmot, el fomento del empleo con formación y acceso adecuado a prácticas así como la garantía de ingresos para los parados a través de ayudas sociales.
«Me preocupa que las medidas de austeridad impuestas a España, Grecia y Portugal están aumentando el desempleo entre la población joven», incidió el académico, quien ofreció a España una receta para prevenir males mayores.
«El Gobierno español debe enfrentarse a la troika europea y decirles que dejen de imponer medidas que dañan a su población», aseveró.
«Con un 52 % de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se enfrenta a una emergencia sanitaria», declaró Marmot.
La falta de empleo, argumentó, «es muy nociva para la salud», con el efecto a corto plazo de «problemas de salud mental» así como un mayor índice de disturbios sociales.
A largo plazo, los desempleados sufren «más problemas físicos de salud», hasta el punto de que los parados tienen «un tasa de mortalidad un 20 % más alta» que las personas empleadas.
Los suicidios, «que son la punta del iceberg», aumentan de manera proporcional al desempleo, apuntó el experto.
En el caso de los jóvenes, la falta de empleo en esa edad clave «disminuye sus perspectivas de una vida mejor en el futuro, lo que a su vez repercutirá en sus hijos, que nacerán en la pobreza o con menos oportunidades».
Según el informe presentado hoy en Londres, «todos los países de Europa, ricos o pobres, pueden tomar medidas para mejorar la salud de sus poblaciones, pues es una cuestión de prioridades».
«Una pequeña intervención en los primeros años de vida de un niño, para mejorar su acceso a la educación y a un estilo de vida sano, puede tener un gran efecto, pues esa persona se desarrollará mejor en años posteriores», apuntó la directora para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab.
El informe de la OMS analiza las desigualdades de salud entre 53 países europeos y dentro de los mismos y sugiere iniciativas que los Gobiernos pueden aplicar para reducir esa brecha, como la reducción de la pobreza infantil, la mejora de la educación sanitaria o un sistema público de salud de calidad.
20131030
El PP quiere quitar el derecho a la Sanidad pública a los parados que salgan de España más de tres meses
millones de jóvenes que en hispanistán no tienen futuro (paro juvenil superior al 60%.. y eso que no se consideran los becarios, los estudiantes..) y que salen a ganarse los garbanzos fuera, van a disfrutar en sus carnes el amor que les profesa su tan querida patria..
pero eso si: los 450000 políticos (el doble que Alemania), los miles de asesores, consejeros, "cargos de confianza" y otros enchufados a dedo, el doble de coches oficiales que en EE.UU.. la corrupción, el nepotismo, el despilfarro.. eso no se toca..
disfruten lo votado..
El PP quiere quitar el derecho a la Sanidad pública a los parados que salgan de España más de tres meses
El PP parece dispuesto a limitar el derecho a la Sanidad pública a los parados que hayan agotado su prestación. Según una enmienda a los Presupuestos presentada por el partido, sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria aquellos desempleados que tengan su residencia en España, es decir, aquellos que aunque viajen al extranjero no pasen fuera del país más de 90 días.
La enmienda parcial del PP al proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno para el año que viene se refiere al apartado de Disposiciones Finales. Entre ellas hay una que habla de la ‘Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio’, a la que el PP quiere hacer un añadido.
Según los Presupuestos, “se incorpora una nueva disposición adicional, la sexagésima quinta, al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacción: Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos”.
En este apartado se habla, entre otras cosas, del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, entendiéndose que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.
El PP, en su enmienda, añade una nueva disposición final séptima bis, que modifica “la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”. En ella, dice el partido, y “con efectos del 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3” de esta normativa, para dejar constancia de que “tendrán la condición de asegurado” aquellas personas que se encuentren en el supuesto de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.
Es decir, el PP añade el requisito de residir en España para poder tener derecho a la sanidad pública en el caso de aquellos que hayan agotado la prestación, y también define como residente a quien no se ausente del país durante más de 90 días al año.
Las enmiendas parciales a los Presupuestos todavía no se han votado en el Congreso, pero es previsible que acabe por salir adelante dada la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara baja.
pero eso si: los 450000 políticos (el doble que Alemania), los miles de asesores, consejeros, "cargos de confianza" y otros enchufados a dedo, el doble de coches oficiales que en EE.UU.. la corrupción, el nepotismo, el despilfarro.. eso no se toca..
disfruten lo votado..
El PP quiere quitar el derecho a la Sanidad pública a los parados que salgan de España más de tres meses
El PP parece dispuesto a limitar el derecho a la Sanidad pública a los parados que hayan agotado su prestación. Según una enmienda a los Presupuestos presentada por el partido, sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria aquellos desempleados que tengan su residencia en España, es decir, aquellos que aunque viajen al extranjero no pasen fuera del país más de 90 días.
La enmienda parcial del PP al proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno para el año que viene se refiere al apartado de Disposiciones Finales. Entre ellas hay una que habla de la ‘Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio’, a la que el PP quiere hacer un añadido.
Según los Presupuestos, “se incorpora una nueva disposición adicional, la sexagésima quinta, al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacción: Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos”.
En este apartado se habla, entre otras cosas, del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, entendiéndose que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.
El PP, en su enmienda, añade una nueva disposición final séptima bis, que modifica “la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”. En ella, dice el partido, y “con efectos del 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3” de esta normativa, para dejar constancia de que “tendrán la condición de asegurado” aquellas personas que se encuentren en el supuesto de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.
Es decir, el PP añade el requisito de residir en España para poder tener derecho a la sanidad pública en el caso de aquellos que hayan agotado la prestación, y también define como residente a quien no se ausente del país durante más de 90 días al año.
Las enmiendas parciales a los Presupuestos todavía no se han votado en el Congreso, pero es previsible que acabe por salir adelante dada la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara baja.
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