es lo bueno de las privatizaciones..
Madrid planea pagar hasta 56 millones más de lo previsto por la privatización de seis hospitales
La ofensiva lanzada a finales de 2012 por la Comunidad de Madrid para
contrarrestar las protestas de los sanitarios contra el plan de
privatización de otros seis hospitales acaba de dejar al aire su primer
gran agujero argumental. En una convocatoria restringida y discrecional a
la que solo fueron invitados algunos medios, la Consejería de Sanidad
difundió ayer el contenido de los pliegos de condiciones que regirán la
privatización. Y el borrador de esos pliegos, al que ha tenido acceso
infoLibre, señala que el Ejecutivo está dispuesto a pagar a las empresas
concesionarias no los 441 euros por habitante anunciados y reiterados
por el consejero Javier Fernández Lasquetty sino hasta 518, aunque la
media se sitúa en 496 euros per cápita. La nota donde el Gobierno
explica sus planes lo expone así: "La cápita, que es el precio que abona
anualmente la Administración a la concesionaria por cada habitante,
oscilará entre los 473 y los 518 euros".
Dado que la población asignada a esos seis centros excede del millón de
habitantes, la consecuencia es obvia: el sobrecoste respecto a la cifra
anunciada por Lasquetty para demostrar que la gestión privada abarataría
costes puede alcanzar hasta 55 millones. ¿Por qué? Porque si a cada
concurso acudiera una sola empresa –las grandes del sector han hecho
público su supuesto “desinterés”-, la falta de competencia obligaría al
Gobierno a aceptar el precio máximo de licitación o uno cercano.
Supuestamente, aun así la sanidad pública ahorrará según los cálculos
del Ejecutivo, cuya veracidad niega de forma tajante la Asociación de
Facultativos. El PSOE mantiene recurrida ante el Constitucional la
privatización de los seis hospitales que ahora saldrán a concurso.
El pliego plantea de forma confusa cuál es exactamente el ámbito del
contrato. Porque no dice que se trate de la asistencia hospitalaria sino
de la prestación de "atención sanitaria especializada a la población
protegida de los Municipios y Zonas Básicas" correspondientes a los
hospitales cuya gestión se licita. ¿Significa lo anterior que también
toda la atención especializada ambulatoria de esas áreas quedará en
manos privadas? De momento, es una incógnita.
Fuentes de la Asociación de Facultativos, ariete de las protestas contra
los planes privatizadores del PP madrileño, anticiparon anoche su
disposición a emprender acciones legales –posiblemente, penales- si los
pliegos se mantienen en los términos planteados por el borrador
difundido ayer. Los médicos entienden que el modelo previsto por el
Ejecutivo madrileño implica que el erario público costearía por partida
doble ciertos servicios. Y eso, sostiene la asociación, sería un
"presunto delito contra la Hacienda Pública".
En lo que fuentes políticas consideran un intento por aplacar los ánimos
de un sector cuya movilización superó todas las expectivas, el Gobierno
de Madrid obligará a las empresas concesionarias a mantener al completo
las actuales plantillas y primará a las que incorporen a sanitarios a
sus consejos de administración.
Los seis centros sobre los que ahora pende la privatización son el
Hospital del Norte (Infanta Sofía), el de Parla (Infanta Cristina), el
de Vallecas (Infanta Leonor), el de Coslada (Hospital del Henares), el
de Aranjuez (Hospital del Tajo) y el de Arganda (Hospital del Sureste).
Para fijar el precio por habitante, la Consejería ha partido de dos
premisa que la Asociación de Facultativos considera directamente falsas.
La primera falsedad que detectan los médicos es que el coste per cápita
–la capitación, en el argot sanitario- se ha calculado como si cada uno
de los seis hospitales sujetos a privatización ofreciera el catálogo
completo de prestaciones santarias y no tuviera, por tanto, que derivar
pacientes a otros hospitales. Pero la realidad no es esa.
Por ejemplo, y según los facultativos, el Hospital del Norte –Infanta
Sofía-, por cuya gestión la Comunidad maneja pagar hasta 486 euros por
habitante, cuenta con 26 especialidades menos que el Hospital de La Paz.
Pero si el precio que la administración sanitaria madrileña pagará se
ha fijado como si todas las prestaciones fueran a ofrecerse, eso
significa –arguyen los médicos- que algunos servicios repercutirán en el
prespuesto sanitario por partida doble: porque cobrará la concesionaria
del hospital privatizado pero el gasto real será sufragado por el
hospital netamente público que atienda al paciente.
La segunda clave que ha puesto en guardia a los facultativos es la
llamada facturación intercentros, es decir, lo que un hospital paga a
otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de
residencia, debería acudir al primero.
Los médicos entienden que, una vez superada la horquilla de 360-380
euros de coste por habitante, se supone que el resto de la cantidad per
cápita que el Gobierno esté dispuesto a pagar sale de la facturación a
otros hospitales públicos. Pero el efecto real de esa facturación
intercentros "no se conoce", asegura la asociación. "Las bases de datos
-asegura un experto- son antiguas y la casilla sobre el origen del
paciente queda vacía en al menos un 30% de los casos".
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