Sant Pau pide ser intervenido
Los motivos de esta intervención temporal del hospital -propiedad de la
Generalitat, del arzobispado de Barcelona y del Ayuntamiento, pero
regido por otra fundación de gestión dirigida por un patronato en el que
hay mayoría de la Generalitat- residen en parte en ese galimatías de
definición de la entidad. Ese ha sido el caballo de batalla de los
empleados y el desencadenante de la parálisis actual. Según anunció
Pomés a los doscientos mandos, el hospital está a punto de la más
absoluta inviabilidad económica y resulta imposible de gobernar.
La inviabilidad económica actual tiene su último episodio -como gota que
colma el vaso, no como causa principal- en una posible reclamación por
parte de la inspección de trabajo de once millones de euros. Esa amenaza
de sanción se basa en que las horas de guardia de los profesionales
pueden ser consideradas como horas extra, lo que exige una cotización en
la Seguridad Social diferente a las horas ordinarias (aunque no supone
diferencia en el salario de quienes las realizan). "Esa sanción se
llevaría por delante todo el esfuerzo económico del 2012 para reducir el
déficit de 19 millones de euros anuales", señalan fuentes del hospital.
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