La familia de un hombre de 40 años fallecido por un infarto de miocardio ha reclamado 900.000 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras denunciar que el médico que le atendió en Baeza (Jaén) horas antes de morir le diagnosticó "una contusión muscular".
Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, los hechos se remontan al 12 de abril de 2000, cuando José M.F., vecino de Ibros (Jaén), acudió al servicio de Urgencias del centro de salud de Baeza con un fuerte dolor en el pecho.
Aunque se le practicó un electrocardiograma, éste no registró indicios de infarto y el médico diagnosticó que se trataba de "una contusión muscular", por lo que incluso "le recetó Nolotil", según los denunciantes.
Sin embargo, y como el dolor no remitía, el hombre volvió al centro de salud en otras tres ocasiones a lo largo de la tarde "con todos los síntomas del infarto". En una de esas visitas, el médico le reconoció un dolor precordial --en la zona del pecho--, "pero no le aplicó los protocolos que se deben aplicar cuando una persona tiene ese dolor" para determinar la posibilidad de que se trate de un infarto.
"Era un dolor que le irradiaba el pecho y que le iba hacia el brazo izquierdo, tenía náuseas, malestar y, en general, todos los síntomas del infarto. Y sin embargo le decían que no tenía nada", indicaron fuentes próximas a la familia.
A pesar de ello, y de las cuatro visitas que el hombre llegó a realizar al centro de salud, los facultativos no le diagnosticaron el infarto "ni le mandaron al hospital de Ubeda para que le hicieran más pruebas, tal y como él mismo llegó a pedirles".
Horas más tarde, sobre las 3.00 horas del día siguiente, José M.F. "cayó muerto" al iniciar su jornada laboral en la panadería en la que trabajaba.
Posteriormente, la viuda encargó la elaboración de un informe al forense Luis Frontela en el que éste aseguraba, tras examinar al finado, que el infarto tenía "más de seis días" y que, por lo tanto, se trataba de "una negligencia impresionante" en la atención sanitaria a este vecino de Ibros.
A pesar de esto, la causa contra el médico fue archivada por vía penal en el juzgado de Baeza y la familia decidió recurrir a la vía civil presentando una reclamación administrativa contra el SAS por responsabilidad patrimonial. Tras el silencio administrativo de la Junta, la familia interpuso la demanda en el TSJA solicitando una indemnización de 900.000 euros.
Las fuentes citadas anteriormente precisaron que esta cifra es "algo más de lo que ofrecieron a la viuda para que retirara la denuncia y se callara", ya que, según sostiene la familia en su demanda, a la mujer se le formuló presuntamente una oferta de 720.000 euros "escrita en una receta médica" que también ha sido incorporada al procedimiento, siempre según estas fuentes.
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