el político, defendiendo los supuestos "derechos" de unas compañías privadas, en contra del interés general.. parecería como si esperara sobres o maletines.. así va hispanistán..
González reconoce supuestos daños a las adjudicatarias de los hospitales
El presidente de la Comunidad cuestiona las sucesivas decisiones de los tribunales en el proceso de privatización
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, salió ayer
por primera vez a defender la privatización de seis hospitales públicos
tras la paralización cautelar dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM). Y lo hizo cuestionando la actuación de las
instancias judiciales y anticipando supuestos derechos económicos a los adjudicatarios de los centros sanitarios.
“La gestión que tienen que llevar adelante los responsables políticos”
no puede estar condicionada “permanentemente al albur de que se vayan
produciendo sistemáticamente fallos judiciales contradictorios”, dijo.
González reconoció unos hipotéticos perjuicios económicos a las
concesionarias en caso de que, finalmente, los tribunales declaren nulo
el concurso. Una interpretación insólita, puesto que si los reclamaran se lo harían a la propia Comunidad de Madrid.
El presidente regional sostuvo que las repercusiones económicas no
serían solo presupuestarias —el Gobierno regional asegura que ahorraría
200 millones con la externalización, aunque en 11 meses no ha hecho
público ningún estudio económico que lo sustente—, sino que aventuró que
los adjudicatarios “han generado unos derechos”. Una afirmación que,
según los expertos en derecho administrativo consultados, no tiene
fundamento, ya que los afectados (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo
puertorriqueño Hima San Pablo) tendrían que demostrar en un
procedimiento judicial posterior que ha habido un funcionamiento anormal
y negligente de la Administración y reclamar responsabilidad
patrimonial.
Diego Vera, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Málaga, considera que “no se sostiene” que las adjudicatarias tengan
algún derecho, “cuando precisamente el TSJM ha paralizado el proceso
cautelarmente para evitar que se generasen daños”. Además, si hubiese
apreciado daños a los adjudicatarios, el TSJM podría haber impuesto aval
a los que pedían la suspensión, algo que no ha hecho.
El TSJM afirma en su auto que no puede dejar de “ponderar los perjuicios que, tanto para los recurrentes, como para los
licitadores, como para el interés general se producirían en caso de que
estimáramos el recurso una vez adjudicados y formalizados los contratos y
una vez entregada la gestión del servicio público a las
concesionarias”. Los contratos no se han firmado, pero incluso en el
caso de que así fuese, a juicio del abogado Diego Martín Reyes, sería
“muy dudoso” que las adjudicatarias pudiesen reclamar una indemnización a
la Administración.
Una de las alegaciones de los abogados de la Comunidad de Madrid a la
petición de suspensión fue, precisamente, el supuesto perjuicio
económico de no poder poner en marcha el plan. Es decir, no ahorrar lo
previsto. La Comunidad llega a cuantificar ese perjuicio en 10,8 millones de euros mensuales durante los seis primeros meses y solicita al TSJM que, si
accede a la suspensión que pide la asociación de médicos demandante,
Afem, le requiera una caución o garantía de 65,2 millones de euros.
Ese es el dinero que, según alega, ahorraría entregando la gestión a
las empresas. Estos cálculos, sin embargo, han estado cuestionados desde
el primer momento por la oposición política, las organizaciones de la
marea blanca y expertos en economía de la salud. Sanidad asegura que los
seis hospitales cuya gestión quiere privatizar cuestan ahora 600 euros
por habitante y año, mientras que los de gestión privada salen por 441.
Sin embargo, ni los presupuestos ni ninguna otra documentación oficial
corroboran esas cifras, como le han afeado en varias ocasiones.
Yaiza Cabedo, abogada administrativista, considera que los
adjudicatarios “no han generado ningún derecho” y solo podrían reclamar
una indemnización “si hubiesen realizado alguna inversión en los
hospitales”. Y en ese caso, asegura que tendrían que reclamar al Estado
por el funcionamiento de la Administración de Justicia y no a la
Comunidad de Madrid.
José Ignacio Juárez, socio de López Rodó & Cruz Ferrer, concede que
“cualquier decisión administrativa puede dar derecho a indemnización
porque se haya incurrido en algún gasto”. Sin embargo, dice, no hay que
olvidar que la suspensión es “un reproche a la actuación de la
Administración”, es decir, que si se ha parado el proceso es porque, de
seguir adelante, el daño sería irreversible. “Es decir, el no ahorro
sería imputable a la Administración, no al tribunal por parar el proceso
ni a los demandantes”, subraya.
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