Las cuentas que no hacen los politicos porque conviene que la
privatización de la gestión funcione a cualquier precio para que ellos se lleven su parte..
Cada cama 'privatizada' le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública
La marea blanca vuelve este domingo a su cauce en las calles de la
capital y lo hace decidida ahora a hablarle al consejero de Sanidad
madrileño en su mismo idioma. Si en el discurso de Javier
Fernández-Lasquetty no existe la privatización, sino la adopción de
“fórmulas más eficientes que consuman menos recursos públicos", los
profesionales sanitarios tienen algo que replicarle: las camas
privatizadas de los hospitales de Madrid resultan más caras que las
públicas.
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato
CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que
analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que
costear una cama en los hospitales enteramente públicos le sale al
contribuyente por 955 euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que
cuesta mantenerla en los hospitales donde la gestión sanitaria está
privatizada.
Basta con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La
Administración asigna a los hospitales de servicios sanitarios
privatizados –el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el
Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz– una cantidad de 553.820.728
euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una
población de 820.000 personas. Los hospitales públicos tradicionales de
la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros
anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y
una oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza
hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su
gestión está en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada
una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del
portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la
coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo:
"Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente,
como repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su
decisión de privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí
mismas. "Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más
que la privada".
Incluso en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano
en un hospital de gestión sanitaria privada –que acuda a consulta o a un
tratamiento, sin que necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la
Administración 675 euros anuales. En los hospitales de gestión pública
ese mismo promedio es de 664 euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros
extra por cada paciente asignado a un hospital privatizado.
Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de
beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de
los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad
irán a beneficio de las empresas privadas gestoras". En un modelo de
gestión pública, recuerdan, "el 100% de los impuestos recae en la
financiación del sistema".
Cobrar por vecino, no por paciente
Las plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de
dinero, sino el modo de financiación. Estos hospitales públicos
madrileños donde lo sanitario está en manos privadas –bajo el modelo
PPP, o public-private partnership, por sus siglas en inglés– reciben de
la Administración una cantidad fija o canon que depende no del número de
pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que tengan
asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas
cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la
Sanidad –CAS–, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería
de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por
paciente potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas
adjudicatarias –un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC– reciben
428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y otros 143,15 euros
anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como la
administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con
independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que los
vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el
centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez.
"Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre,
prefieran ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen
el hospital de su localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el
dinero público igual".
Inversión rentabilizada
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente
privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto –Henares,
Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y
Sureste–. En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de
990 millones de euros a las empresas concesionarias de estos hospitales
donde las camas son públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance iniciative–.
La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no
sanitarios –administración, seguridad, limpieza, logística...– están
concedidos a compañías privadas. También fueron empresas privadas, como
Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital
Partners, quienes construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de
empresas reciben un canon público por la prestación de servicios no
asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción.
"La construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron
alrededor de 840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros
cálculos, en 2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta
cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en
treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una
inversión inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los
contribuyentes".
Ni más baratos ni más rentables
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La
Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños
–que representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la
región– dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose
al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada sea
más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana
–convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los responsables
médicos de la región advierten de que en los países en que coexisten los
modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante y año es
mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica que
la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste
actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los servicios
"van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".
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