La obscena privatización de la sanidad madrileña - ElConfidencial.com
Hay que reconocerle a Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, que así se
llama el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un arrojo
político indudable. Nunca -desde que a los 16 años ingresó en las
juventudes del Partido Popular- ha ocupado puestos relacionados con la
sanidad pública o privada, pero ha sido capaz de impulsar la mayor
reforma del sistema sanitario desde que en 1978 nació el viejo Insalud.
Lo sorprendente, sin embargo, no es su desconocimiento profesional de
una realidad compleja -estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha hecho
carrera siempre dentro del PP ejerciendo de fontanero de sus jefes:
Esperanza Aguirre y Aznar- sino que en sus intervenciones públicas suele
establecer una especie de superioridad moral de lo privado frente a lo
público a la hora de gestionar hospitales y centros de salud. Y eso que
toda su vida profesional la ha hecho al calor de la cosa pública.
Lo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos
ciudadanos tienen la misma opinión de manera legítima- sino que, en
ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con
información basada en la experiencia internacional, lo cual es más
preocupante. Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma
sanitaria: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e
hipotéticos beneficiosLo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin
y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera
totalmente legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de
acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia
internacional, lo cual es más preocupante.
Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria aprobada
en Madrid: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e
hipotéticos beneficios. Al contrario de lo que sucede en otras esferas
de la economía, en el campo de la salud la eficiencia y la productividad
no están relacionadas directamente con el hecho de que la gestión sea
pública o privada, sino con factores mucho más complejos vinculados a
parámetros exógenos.
EEUU, por ejemplo, es el país del mundo que más gasta (salvo
Luxemburgo) en sanidad per cápita (7.960 dólares); pero es, al mismo
tiempo, el más ineficiente. La sanidad norteamericana precisa más dinero
para dar la misma calidad al no haber tejido una red asistencial capaz
de aprovechar las economías de escala que se derivan de un modelo
sanitario integrado. España, muy al contrario, ocupa el puesto número 19
(año 2009) en cuento a gasto sanitario total per cápita dentro de
Europa (3.032 dólares) incluyendo fondos públicos y privados, pero
existe una coincidencia general en que el sistema es globalmente muy
satisfactorio. Incluso países como Suecia, que ahora se ponen como
ejemplo, gastan más que España por cabeza pese a que la gestión de su
sistema sanitario es mayoritariamente privada tras las reformas de los
primeros años 90.
Los costes estructurales
¿Es mejor el sistema sueco que el español? La respuesta, como en la
canción de Dylan, está flotando en el viento. Simplemente porque la
realidad socio-económica y demográfica de ambos países es radicalmente
distinta, toda vez que el gasto sanitario está influido mayoritariamente
por dos variables: el número de enfermos crónicos (que en la mayor
parte de los casos sufren distintas enfermedades de manera simultánea) y
los avances tecnológicos, tanto en medicamentos como en equipamiento
hospitalario. En el primer caso, y según algunos estudios, más del 70%
del gasto sanitario se concentra en el 5% de la población con mayor
necesidad de atención sanitaria, precisamente los enfermos de carácter
crónico.
Sin duda que detrás de esta realidad se encuentran tanto el estilo de
vida de cada país como los antecedentes económicos, sociales y
culturales de la población atendida, cuyas circunstancias son muy
distintas por razones históricas, por lo que no es posible establecer
ninguna comparación homogénea. Es por eso que las investigaciones más
recientes han encontrado la respuesta acudiendo a la gestión integrada
de la atención sanitaria de los pacientes crónicos, incluyendo los
servicios sociales y la dependencia.
Estos nuevos sistemas de gestión por supuesto que no tienen nada que ver
con que la organización de la atención sanitaria sea pública o privada,
sino con una nueva forma de aproximarse al problema. La otra clave, por
el contrario, es aumentar la autonomía de gestión hospitalaria y la
política de incentivos. Y ambas cosas, que ahorran costes, se pueden
hacer hoy por hoy con la ley en la mano. De verdad alguien cree que un
Gobierno que se ha subido impuestos, revolucionado a los funcionarios
etc… no puede propiciar la autonomía de gestión de los hospitales y
articular una política de incentivos.
¿Cuál es el problema? Que eso supone hacer política con mayúsculas,
gestionar, aplicar el sentido común y brearse en el terreno de la
administración de recursos, siempre escasos. Y eso es lo que no parecen
querer en el PP de Madrid, complicarse la vida y actuar. Es mejor que lo
hagan otros. Las empresas privadas que se quedarán con la gestión
hospitalaria y los centros de salud. La política de incentivos se puede
aplicar en ambos modelos, y eso, de hecho, es lo que se pretendía con la
creación de fundaciones públicas, que intentó en su día Núñez Feijoo
con Romay Beccaría de ministro.
El pago por resultados es una fórmula válida tanto en uno u otro
sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y
transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los
sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un
país como España, donde los intereses del sector público y del privado
se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas
radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con
dinero públicoLa experiencia privatizadora sueca, como han puesto de
relieve numerosos estudios, ha revelado que la economía de la salud no
pasa por construir un sistema basado en la competencia, sino en la
cooperación, que es, precisamente, lo que pretende el Ministerio de
Sanidad -con acierto- cuando habla de crear una gran central de compras
integrada en el sistema nacional de salud.
El pago por resultados es, desde luego, una fórmula válida tanto en uno u
otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y
transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los
sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un
país como España, donde los intereses del sector público y del privado
se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas
radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con
dinero público. Y ahí está la inasumible y escandalosa rentabilidad
asegurada por la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de
siete hospitales en la región: nada menos que un 11,22% anual
garantizado por contrato, y sin pagar impuestos hasta pasados 17 años
desde el inicio de la concesión. Muchas empresas querrían un chollo
similar.
Un documento impagable
Existe, en este sentido, un documento impagable y esclarecedor que pone
de relieve la estulticia de algunas políticas. Lo envió el 13 de abril
de 2011 el anterior presidente de Seopan, David Taguas, al propio
Lasquetty como representante de las empresas concesionarias. En el
documento, aparte de quejarse de que el pliego de condiciones no cubre
los gastos reales, las empresas concesionarias admiten que no hay forma
de medir las intervenciones quirúrgicas. Y lo hacen en estos términos:
“Transcurridos tres años desde la apertura de los 7 nuevos hospitales,
no hay acuerdo ni en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas
reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones
quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por
tanto mostrar en estadística”.
Todo un reconocimiento de parte que lleva aparejado una reclamación: la
administración madrileña ha generado una deuda no reconocida de tres
millones de euros al año porque a las concesionarias no les salen las
cuentas. Algo parecido sucedió con el hospital de Alzira, que tuvo que
renegociar el contrato de concesión con la Comunidad valenciana, como
sostiene la sociedad española de salud pública. Con razón, el profesor
Guillem Lopez Casanovas se preguntaba hace algún tiempo qué tipo de
incentivos tenía un proveedor del servicio sanitario (el gestor privado)
para darle información veraz a quien financia (el sector público)
habida cuenta de que puede ir contra sus propios intereses en el
momento de corregir las tarifas.
No es de extrañar, por lo tanto, que la Cámara de Cuentas de Madrid
dijera en un informe que elaboró sobre la sanidad de la región que “una
gran parte de los indicadores previstos para evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos presupuestarios sólo representan la
actividad que se prevé llevar a cabo, pero no sirven para medir el
objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones”. Pues bien, sobre
la base de esta deficiente información es la que la Comunidad de Madrid
ha procedido a privatizar buena parte de la gestión sanitaria.
Una inutilidad
Y es que ningún método de evaluación de resultados objetivo es capaz de
medir realidades distintas, y, por lo tanto, trasladar un modelo u otro a
un país es simplemente inútil. Como han puesto de manifiesto los
profesores Mas, Cirera y Viñolas, del IESE, un reciente estudio de la
OCDE elaboró un ránking de países estimando las muertes que se podrían
haber evitado con una atención sanitaria eficiente. Y el resultado fue
que el país con una menor mortalidad evitable era Francia, mientras que
España ocupaba el puesto número 10 de 31. No está nada mal teniendo en
cuenta que está a la cola del gasto sanitario per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante una privatización de seis hospitales y 27
centros de salud que no se hace con criterios de eficiencia en el gasto,
sino por razones estrictamente ideológicas, lo cual es todavía más
irracional. Lasquetty, en este sentido, es un mero ejecutor al que el
presidente Ignacio González despachará en cuanto pueda. Y no es que no
existan bolsas de ineficiencia, que sin duda las hay, sino que se
pretende tratar de forma homogénea a problemas distinto con soluciones
no contrastadas por la realidad.
Sin duda que el brazo largo de la Faes de Aznar está detrás de este
movimiento hacia ninguna parte que ha iniciado la sanidad madrileña.
Pero lo que choca es que nadie en el Gobierno central (que ha recurrido
al Constitucional el euro por receta) haya intentado frenarlo habida
cuenta de que supone un paso más en la ruptura de la unidad de mercado
en España. No parece razonable que cuando el propio Ejecutivo -con buen
criterio- está ultimando una ley para garantizar la unidad de mercado,
una comunidad privatice la gestión de buena parte de su red
hospitalaria, lo que sin duda supone una distorsión en el conjunto del
sistema. Como dijo Ignacio de Loyola, es mejor no hacer mudanza en
tiempo de tribulación. Y menos cuando la reforma no aparecía en el
programa electoral.
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