La ‘marea blanca’ vuelve a subir en enero
La protesta se reanuda con otra manifestación mañana y nuevas movilizaciones de sanitarios
La marea blanca sigue viva. Perdió una batalla
al no conseguir parar la aprobación de unos Presupuestos para 2013 que
consagran la privatización sanitaria ni la Ley de Acompañamiento que
habilita al Gobierno regional para entregar a empresas la gestión de
hospitales y centros de salud. Pero la guerra continúa, dicen los
profesionales que alientan las protestas contra la polémica reforma
sanitaria del Ejecutivo de Ignacio González. Las fiestas navideñas y la
decepción del combate perdido han rebajado la intensidad de la lucha,
pero mañana llega la primera cita reivindicativa del año: una nueva
manifestación que recorrerá el centro (al mediodía, desde Neptuno a Sol)
bajo el lema “La lucha sigue. ¡Sí se puede!”.
Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños
debilitaron a un colectivo que perdía entre 150 y 235 euros por cada
jornada de paros y que no quería seguir perjudicando a los pacientes.
“Desconvocamos esta huelga porque ésta era una medida de presión, no un
objetivo en sí mismo. Planteamos la necesidad de paralizar un plan con
el que no estábamos de acuerdo y encontrar soluciones entre todos para
reformar el sistema sanitario”, dijo Pedro González, presidente de la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) al día
siguiente de que el Gobierno regional aprobara la Ley que abre la puerta
a la gestión privada de seis hospitales y 27 centros de salud. La misma
ley, votada por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid,
que impone el euro por receta, pendiente de un recurso seguro del
Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Tribunal Constitucional.
La estrategia no podía seguir siendo la misma, anunciaron los médicos de
Afem, que sin embargo no descartaron volver a convocar paros en enero.
“El día 10 nos reunimos para decidir las acciones, pero estamos
valorando retomar la huelga indefinida aunque de uno o dos días a la
semana”, explicaba González ayer. De momento, lo que ya se está
fraguando es la creación de tres grupos de trabajo que proporcionen
información y argumentos para demostrar que el plan de privatizaciones
del Gobierno regional no conseguirá ahorrar y pondrá en peligro la
calidad asistencial, añade. Una “comisión anticorrupción” recabará datos
sobre la actividad de los hospitales que ya funcionan con gestión
privada (Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón), para lo que
necesitarán el testimonio de sanitarios que hayan trabajado en ellos.
Afem ha iniciado también un “registro de eventuales” para dejar
constancia de los empleos que se están perdiendo con los recortes y que
“afectan a la calidad asistencial”, asegura González. “No renovar
contratos a médicos eventuales no es hacer reformas, no es la forma de
abordar el problema; son simplemente recortes”, añade. Finalmente, la
asociación prepara una jornada para febrero a la que acudirán expertos
de varias áreas, como la economía de la salud, para debatir cómo hacer
las reformas “que necesita el sistema sanitario”.
El Gobierno regional asegura que la aprobación de los presupuestos y de
la ley que permite la privatización no es un obstáculo para seguir
negociando con los profesionales de la sanidad. Los sindicatos de la
mesa sectorial están llamados a otra reunión la próxima semana, aunque
aún no tiene fecha. Mientras tanto, los hospitales tratan de adaptarse a
la pérdida de profesionales que se produjo el 31 de diciembre, cuando
terminaban los contratos eventuales.
Según el sindicato médico Amyts, la mayoría de los contratos de
facultativos se están renovando. En los hospitales tradicionales, por
tres meses. En los seis que se van a privatizar, hasta el 30 de junio.
El Ejecutivo regional prevé que la cesión de la gestión a empresas se
haga efectiva hacia el verano. En algunos casos la Consejería de Sanidad
está ofreciendo contratos de media jornada de tarde. Los hospitales que
más médicos han perdido son el Príncipe de Asturias en Alcalá y el de
Móstoles, ambos en el área de influencia de centros de gestión privada
(Torrejón y Rey Juan Carlos), según Amyts.
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