Fuente: Negocio sanitario | Opinión | EL PAÍS
Los politivagos nos dicen que la sanidad privada es más barata —441
euros por habitante y año frente a los 600 en la pública—, pero nos
mienten.
En 2012 la Comunidad de Valencia pagó un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, la empresa que gestiona Alzira, que ahora pide elevar la tasa por resultarle insuficiente.
El llamado modelo Alzira no es un mero sistema de conciertos con centros
privados de excelencia. Las dos empresas que gestionan los hospitales y
centros de salud públicos de gestión privada —Capio
y Ribera Salud—, prácticamente en oligopolio, nacieron y obtienen el
grueso de sus ingresos del dinero que les asignan sus respectivas
consejerías de Salud. Ambas obtienen beneficios millonarios que no revierten en los contribuyentes, sino en los accionistas de tales conglomerados.
El trasvase de directivos del sector público al privado y viceversa se
realiza sin requisitos previos de incompatibilidad. Entre ellos hay
exdirigentes tanto del PP como del PSOE. La opacidad de sus cuentas y
estructura dificulta la supervisión por parte del estamento público que
les inyecta los fondos. A ello hay que sumar un constante cambio de
accionariado.
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