CC.OO. denunció hoy que en los próximos 30 años morirán de cáncer de pleura y pulmón por haber estado expuestas al amianto durante las dos últimas décadas entre 40.000 y 60.000 personas en España, principalmente en Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Según el sindicato que dirige José María Fidalgo, CC.OO., a la luz de las evidencias científicas, en los próximos años se producirá una epidemia de cáncer de pleura, de
peritoneo y pulmón, ante la falta de adopción de medidas por parte de los poderes públicos. "Hasta el momento hay una especie de conspiración del silencio entre quienes producen, importan y consumen amianto y quienes tienen que velar por la salud de la población", señaló.
A juicio de CC.OO., los principales responsables de esta epidemia de cáncer son las empresas que importaron y consumieron amianto, con la banca March y Uralita a la cabeza. No obstante, considera igualmente responsable al Estado por no haber adoptado las normas sobre la materia, a la luz de los avances de la ciencia y de la técnica.
En este sentido, recordó que desde 1978 en que el Parlamento Europeo declaró el amianto como sustancia cancerígena, el Estado español fue permeable a las presiones de los 'lobbys' industriales y financieros del amianto, tardando 23 años en prohibir su uso y comercialización. "Pero también la mayoría de la comunidad médica, de los jueces, de ciertos medios de comunicación fueron anestesiados por dichos 'lobbys'", agregó.
Así, entre 1970 y 1995 España importó más de dos millones de toneladas de amianto, que en la actualidad se encuentran en forma de tejados, paredes, techos, sistemas de aireación de centros de enseñanza, hospitales, cines, grandes superficies y multitud de edificios. "Sistemas de conducción de agua y gas, industria naval, de fibrocementos, trenes, estudios de radio y televisión, zapatas y embragues contienen este mineral asesino", añadió el sindicato.
Según sus cálculos, la retirada del amianto de todas estas estructuras y edificios va a costar varias decenas de millones de euros al erario público. Pero "lo más escandaloso", añade, es la "desatención" y el "olvido" en que los poderes públicos tienen a las víctimas (enfermos y familiares).
Por ello, CC.OO. considera que, de no adoptarse medidas urgentes, el amianto se va a convertir en un "escándalo de dimensiones incalculables" y exige al Gobierno la adopción de medidas de reparación e indemnización a las personas afectadas a través de la promulgación de una norma que posibilite la jubilación anticipada de los trabajadores que han estado expuestos al amianto.
También reclama al Ejecutivo el establecimiento de un sistema público de indemnización a las víctimas, el reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas del amianto, medidas para el control del amianto instalado y la apertura de una Comisión Parlamentaria, al igual que se ha hecho en otros países europeos, sobre el amianto.
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